SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2064/2012
Fecha: 08-Nov-2012
1)
El abogado de la parte accionante, en audiencia ratificó el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, aclarando que: 1) Dentro del proceso coactivo iniciado por Germán Veizaga Méndez contra la ahora accionante (en ejecución de sentencia) de acuerdo al art. 1289.II del CC, interpuso la suspensión provisional de la ejecución de sentencia, la misma que fue rechazada; 2) Conforme a los arts. 219 y 227 del CPC planteó recurso de apelación, fundamentando que el contrato de préstamo de dinero establecido en la escritura pública 442, no fue firmado ni consentido por su persona, debido a que el 9 de julio de 2006 viajó a Italia donde tenía residencia en Bérgamo desde el 10 de julio de 2006 al 4 de junio de 2010, y la minuta del supuesto préstamo data del 2 de julio de 2008; es decir, cuando la accionante no se encontraba en Bolivia, utilizando un carnet de identidad falso que fue otorgado el 6 de septiembre de 2005, donde se incluyó la foto, impresión y firma de una persona extraña, por lo que inició un proceso ordinario de anulabilidad de dicho documento en base al art. 554 inc.1 del CC; y, 3) De acuerdo al peritaje, se estableció que la firma e impresión digital no corresponden a Justa Quillaguamán Ticona; sin embargo de ello, los Vocales co-demandados al dictar el Auto de Vista de 20 de octubre de 2011 y complementario de 31 del mismo mes y año, no mencionaron esas circunstancias, razón por la cual la fundamentación es incongruente, violando así los arts. 397 y 476 del CPC y 1286 del CC, normas que obligan al juez o tribunal realizar una valoración de las pruebas y el análisis correspondiente.
- acción de amparo constitucional,
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- i)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza
- III.2. Legitimación pasiva del amparo constitucional
- la legitimación como tal, resulta ser la capacidad para ser parte en un proceso, siendo la activa al tenor del art. 75 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la calidad que tienen las personas para intervenir en la acción de amparo constitucional, como consecuencia de haber sido objeto de una restricción, supresión o amenaza de ser restringidos o suprimidos sus derechos y garantías reconocidos por la Norma Suprema; mientras que la pasiva se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción.
- '…la capacidad jurídica otorgada al funcionario público o persona particular para ser recurrido, en impugnación de su acto, decisión u omisión que lesiona los derechos o garantías constitucionales de una persona…”; de donde se advierte que la acción de amparo constitucional, necesaria e imprescindiblemente debe dirigirse contra la autoridad o persona particular, de la cual emane el acto considerado atentatorio a los derechos y garantías;
- para que sea viable el recurso de amparo, cuando es planteado contra decisiones judiciales o administrativas pronunciadas por tribunales u órganos colegiados, públicos o particulares, sea como emergencia de procesos o de cualesquier tipo de decisiones o actos, es de inexcusable cumplimiento que esta acción tutelar esté dirigida contra todos los miembros que asumieron dichas decisiones y, por lo mismo, se constituyan en agraviantes de los supuestos actos lesivos denunciados
- se puede colegir que el razonamiento expuesto tiene lógica, toda vez que si la jurisdicción constitucional, otorga la tutela impetrada a través de la acción de amparo constitucional, disponiendo la emisión de un nuevo pronunciamiento por parte de sólo un miembro del órgano colegiado, carecería de eficacia, puesto que los demás miembros no tendrían obligación de hacerlo al no haberse interpuesto la acción contra ellos.
- la legitimación pasiva de un ente o tribunal colegiado, responde a la posibilidad que se otorgue la tutela solicitada al verificarse primeramente que esté dirigida contra todos los miembros de ese ente o tribunal colegiado, de lo contrario carecería de eficacia, pues, los miembros que no fueron demandados no tendrían la obligación de pronunciar nueva resolución, provocando una imposibilidad material de restituir el derecho o garantía vulnerado, además, -claro está- que por un principio de igualdad la responsabilidad civil y penal, que pudiese surgir, debe recaer sobre todos los que incurrieron en el acto ilegal y omisión indebida'
- III.3. Análisis del caso concreto
- denegado
- APROBAR