AUTO CONSTITUCIONAL 0361/2012-CA

En efecto corresponde por mandato del art. 196.I de la CPE, ejercer el control de constitucionalidad a efectos de depurar el ordenamiento jurídico del Estado, tarea que consiste, valga la reiteración, en confrontar el texto de la norma impugnada con los preceptos constitucionales denunciados como vulnerados. Labor que se efectúa previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los arts. 109 y ss. de la LTCP, así establece que: “La acción de Inconstitucionalidad Concreta procederá en los procesos judiciales o administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales aplicables a aquellos procesos…”, en cuanto a la legitimación activa, prevé que “…será promovida por el juez, tribunal o autoridad administrativa, de oficio o a instancia de parte” (las negrillas y subrayado nos pertenecen).