SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0484/2012

Por su parte, Líder Justiniano Velasco, Fiscal de Materia, en su informe escrito cursante de fs. 14 a 15, indicó que: 1) De acuerdo a los datos fácticos de la presente acción, advirtió que el ahora accionante, trajo a colación acontecimientos del 3 de febrero de 2012, los cuales fueron resueltos en su época por el Juez Décimo de Instrucción en lo Penal, quien anuló obrados y ordenó la libertad del imputado David Ervin Vargas Callaú, ante esa situación el Ministerio Público, renovando los actos anulados requirió nuevamente la citación al imputado y pese a los avisos e informes de la asignada al caso, éste no se presentó, el Fiscal de Materia para efectos de no lesionar el derecho a la defensa, dispuso mediante cédula su notificación y al no haberse presentado ni justificado su inasistencia, de conformidad al art. 224 del CPP, libró la respectiva orden de aprehensión contra el imputado antes nombrado, razón por la cual no se cometió ninguna aprehensión indebida, menos ilegal; 2) Por mandato del art. 180 del CPP, el allanamiento y aprehensión se realizó en días y horas hábiles tal cual dispone la Constitución Política del Estado, la ley procesal penal y no así como manifiesta el accionante que fue a horas 5:30 y 6:30 respectivamente, con dichas pruebas se desvirtúan los extremos vertidos, por lo que conforme a las SSCC 0011/2010-R y 0517/2010-R, se ha establecido que la carga de la prueba corresponde al accionante para demostrar con prueba idónea que efectivamente existió la privación de libertad, por consiguiente el hecho de no cumplir con ese presupuesto, es motivo para rechazar y denegar la presente acción de libertad, en el presente caso no se acompaña prueba alguna respecto a la aprehensión del “accionante”; y, 3) Si el accionante observó que existía vulneración a los derechos constitucionales de sus representados como la supuesta aprehensión ilegal, éste previamente debió acudir ante el Juez del control jurisdiccional, sólo una vez agotado ante dicha autoridad y de persistir la vulneración se abre al tutela constitucional, contraviniendo el mandato de la jurisprudencia establecida en las SSCC 2129/2010-R, 2200/2010-R, 0080/2010-R y 0370/2010-R.