SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0515/2012
Fecha: 09-Jul-2012
a)
Eduardo Duabyakosky Aguirre, representante legal de la empresa “QUIMBOL LEVER” S.A. en el memorial cursante de fs. 44 a 45, manifestó lo siguiente: a) La primera acción de amparo constitucional que planteó el ahora representado fue declarada improcedente por falta de legitimidad pasiva, al no haberse demandado a los Vocales emisores del Auto de Vista que confirmaron el Auto dictado por el Juez Octavo de Partido en lo Civil y Comercial, -ahora también impugnado-; b) El representado formula una nueva acción constitucional con identidad de objeto, sujeto y causa con relación a la primera acción que presentó, que al tenor del art. 96.2 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), es improcedente, por lo que no debe admitirse la presente acción; y, c) La actuación del Juez a quo en ejecución del fallo y sin recurso ulterior, está enmarcada en la ley porque accedió a la petición de la empresa “QUIMBOL LEVER” S.A. de entrega del inmueble de su propiedad para tomar posesión real del mismo constitucional. Solicitó se declare “improcedente” la acción de amparo constitucional, y se confirme el Auto de 18 de junio de 2009 en lo referente a la entrega del inmueble a la empresa que representa.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- a)
- concedió en forma parcial
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Las autoridades sean estas judiciales o administrativas dentro de su competencia, al emitir sus determinaciones sean autos, resoluciones, sentencias, etc., inexcusablemente deben contener la debida fundamentación y motivación del por qué llega a dicha conclusión, garantizando así el debido proceso
- (…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión
- no es menos cierto que el Tribunal de Apelación y el de Casación, deben inexcusablemente resolver todos los puntos apelados o puestos en consideración, así como todas y cada una de las irregularidades denunciadas, pues solo así las partes conocerán los motivos o razones que llevaron al Tribunal a tomar esa decisión, lo contrario, también significaría una violación al debido proceso en su componente de la fundamentación jurídica'
- se debe tener en cuenta que la sustanciación de las demandas en materia civil se sujetan a las normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio para las partes, conforme establece la norma prevista por el art. 90 del CPC. En ese orden de cosas, el art. 236 del CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el juez o tribunal ad quem, no puede omitir pronunciarse sobre los puntos apelados como tampoco ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley…"
- III.2. Análisis del caso concreto
- 1)
- i)