SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0588/2012
Fecha: 20-Jul-2012
1)
El abogado del tercero interesado refutó todos los términos planteados señalando: 1) El proceso que motiva la presente acción, se encuentra en turno para consideración del recurso de casación, tal como se evidencia de la certificación 12/2010 de 2 de marzo, expedida por la Secretaria de Cámara de la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia; 2) El juez natural que debió conocer las pretensiones de las partes, es la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema, porque el proceso se encuentra radicado en la referida Sala; sin embargo, los accionantes no se apersonaron a esa instancia; 3) La Sala Penal Segunda antes referida tiene competencia para dilucidar aspectos como ser las incidencias de todas las contingencias y emergencias que se suscitaron en el proceso, las mismas que están determinadas por el art. 44 del CPP, que establece que: “El Juez o Tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación”, de ello, se tiene que el Tribunal de casación una vez que asumió conocimiento del proceso en lo principal, por vía del recurso de casación, es la instancia competente para pronunciarse sobre la extinción de la acción penal; 4) La SC 1351/2003-R de 16 de septiembre, incorporó a los terceros interesados en las acciones de amparo constitucional; en el presente caso no se puede pronunciar una resolución porque la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema “no ha sido citada como tercera interesada”; es más, pudieron haber ampliado la demanda pero no lo hicieron; y, 5) Las causales de improcedencia establecidas por el art. 96 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), específicamente el numeral 3 ha sido desarrollado por la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, con la que se establecen los supuestos de improcedencia de los amparos constitucionales, y uno de ellos es por no cumplirse con el principio de subsidiariedad, en el presente caso, no han utilizado los medios de defensa establecidos en el ordenamiento jurídico, porque no le dieron a la entonces Corte Suprema de Justicia, la posibilidad de que se pronuncie sobre la extinción de la acción penal, como tampoco esperaron la resolución del recurso de casación.
- Fragmento 1
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- denegó
- Fragmento 6
- II.1.
- II.2.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- “Para que el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, constituya una causal de la extinción de la acción penal, prevista en el art. 27 inc.10) del Código de Procedimiento Penal (CPP), además del transcurso del tiempo fijado en un máximo de tres años según el art. 133 del citado cuerpo legal, es necesario tomar en cuenta las circunstancias que incidieron para que se diera la dilación en su tramitación.
- En consecuencia, es el juez o tribunal el que determina si la retardación, se debió al encausado, al órgano judicial o al Ministerio Público, evaluando los antecedentes cursantes para disponer, si la situación lo amerita, la extinción de la acción penal, que supone para el Estado la pérdida del ius puniendi.
- Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones'; directamente relacionado con el principio de economía procesal, deben ser entendidos como derechos exigibles tanto por la víctima como por el imputado, por cuanto a ambos les interesa la conclusión del proceso, más aún tomando en cuenta que la víctima en la configuración constitucional goza de una especial protección
- estableció que el Tribunal de casación, conforma la previsión contenida en el art. 50 del CPP, no tiene competencia para conocer solicitudes de extinción de la acción penal, dado que dicho precepto la limita a resolver situaciones específicas, como el recurso de casación, el de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada y las solicitudes de extradición.
- que el tribunal de casación no tiene competencia para conocer y resolver esa petición, en estricta aplicación del principio procesal que la competencia jurisdiccional nace de la ley, por lo que esa labor incumbe a los jueces y tribunales de instancia, no a los de revisión.
- y las peticiones o planteamientos de las partes que, por su naturaleza o importancia, deban ser debatidas o requieran la producción de prueba, se tramitarán por la vía incidental, sin interrumpir la investigación y serán propuestas por escrito fundamentado en la etapa preparatoria y oralmente en el juicio
- la vía de la apelación para hacer valer sus pretensiones. Al respecto, es conveniente remarcar que la impugnación en juicio, contra la extinción de la acción penal, como cualquier otra excepción o incidente, se la planteará con reserva de apelación restringida, conforme previene la segunda parte del Art. 407 del CPP, “… o ha efectuado reserva de recurrir…”.
- en cuanto a la oportunidad de plantear la excepción de la extinción de la acción penal, en estricta observancia de la previsión legal, en los siguientes términos: Corresponde en forma exclusiva a los jueces y tribunales de primera instancia conocer la excepción de extinción de la acción penal, que podrá formularse únicamente en la etapa preparatoria así como en el transcurso del juicio oral hasta antes de dictarse sentencia. Ante el rechazo de la excepción planteada en el juicio oral, el agraviado podrá reservarse el derecho de impugnarla como agravio de apelación restringida”
- III.3.Análisis del caso concreto
- APROBAR