SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0588/2012
Fecha: 20-Jul-2012
a)
La parte accionante se ratificó in extenso en los términos expuestos en el memorial de interposición de la presente acción, y ampliándola señaló: a) La SC 0101/2004, es la “ley matriz” que regula la extinción de la acción penal, debido a que mediante la referida Sentencia, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Ley “2682” -lo correcto es 2683- de 12 de mayo de 2004, dejando subsistente el art. 133 del CPP, y el AC 0079/2004-ECA, complementó la mencionada Sentencia Constitucional, reglamentando y regulando la extinción de la acción penal bajo parámetros objetivos, estableciendo entre otros aspectos el hecho de que el Tribunal que conozca la solicitud de extinción de la acción penal, no solamente deberá verificar la situación de hecho, sino también verificar la cuestión de hecho, a quien es atribuible la dilación del proceso, al acusado, al Ministerio Público, al Órgano Jurisdiccional, los jueces y/o tribunales; y, b) Lo más curioso del Auto 495/2009, es lo señalado con referencia a los imputados, porque de los actuados que cursan en el proceso penal se puede verificar que no hubo ni un sólo incidente presentado por los accionantes; además que, el indicado fallo se refirió a que se debió reparar el daño ocasionado al querellante, aun cuando en materia de extinción no tiene nada que ver el daño, si se va a reparar o no, no es un elemento para declarar la procedencia o la improcedencia; empero, en el hipotético caso de que eso fuese así, sus defendidos han sido absueltos de culpa y pena, no teniendo nada que reparar, pero el Tribunal de Sentencia Penal ha condenado al pago de daños y perjuicios a los querellantes por la temeraria acusación.
- Fragmento 1
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- denegó
- Fragmento 6
- II.1.
- II.2.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- “Para que el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, constituya una causal de la extinción de la acción penal, prevista en el art. 27 inc.10) del Código de Procedimiento Penal (CPP), además del transcurso del tiempo fijado en un máximo de tres años según el art. 133 del citado cuerpo legal, es necesario tomar en cuenta las circunstancias que incidieron para que se diera la dilación en su tramitación.
- En consecuencia, es el juez o tribunal el que determina si la retardación, se debió al encausado, al órgano judicial o al Ministerio Público, evaluando los antecedentes cursantes para disponer, si la situación lo amerita, la extinción de la acción penal, que supone para el Estado la pérdida del ius puniendi.
- Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones'; directamente relacionado con el principio de economía procesal, deben ser entendidos como derechos exigibles tanto por la víctima como por el imputado, por cuanto a ambos les interesa la conclusión del proceso, más aún tomando en cuenta que la víctima en la configuración constitucional goza de una especial protección
- estableció que el Tribunal de casación, conforma la previsión contenida en el art. 50 del CPP, no tiene competencia para conocer solicitudes de extinción de la acción penal, dado que dicho precepto la limita a resolver situaciones específicas, como el recurso de casación, el de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada y las solicitudes de extradición.
- que el tribunal de casación no tiene competencia para conocer y resolver esa petición, en estricta aplicación del principio procesal que la competencia jurisdiccional nace de la ley, por lo que esa labor incumbe a los jueces y tribunales de instancia, no a los de revisión.
- y las peticiones o planteamientos de las partes que, por su naturaleza o importancia, deban ser debatidas o requieran la producción de prueba, se tramitarán por la vía incidental, sin interrumpir la investigación y serán propuestas por escrito fundamentado en la etapa preparatoria y oralmente en el juicio
- la vía de la apelación para hacer valer sus pretensiones. Al respecto, es conveniente remarcar que la impugnación en juicio, contra la extinción de la acción penal, como cualquier otra excepción o incidente, se la planteará con reserva de apelación restringida, conforme previene la segunda parte del Art. 407 del CPP, “… o ha efectuado reserva de recurrir…”.
- en cuanto a la oportunidad de plantear la excepción de la extinción de la acción penal, en estricta observancia de la previsión legal, en los siguientes términos: Corresponde en forma exclusiva a los jueces y tribunales de primera instancia conocer la excepción de extinción de la acción penal, que podrá formularse únicamente en la etapa preparatoria así como en el transcurso del juicio oral hasta antes de dictarse sentencia. Ante el rechazo de la excepción planteada en el juicio oral, el agraviado podrá reservarse el derecho de impugnarla como agravio de apelación restringida”
- III.3.Análisis del caso concreto
- APROBAR