AUTO CONSTITUCIONAL 0118/2012-RCA

En el caso que se analiza consta que, el Tribunal de garantías, por Resolución 27/2012 de 4 de julio, declaró la improcedencia in limine de la acción de amparo constitucional bajo el argumento que la acción fue interpuesta por el accionante, siendo que los hechos acusados como lesivos a sus derechos y garantías constitucionales se encuentran en curso de tramitación en un proceso penal que cuenta con imputación formal.

Al respecto, se evidencia que el accionante interpuso querella penal que fue admitida, que se encuentra en proceso, pendiente de resolución; por lo que, debe ser la jurisdicción ordinaria la que determine en este caso lo que mejor corresponda en derecho, estando en consecuencia el Tribunal de garantías  impedido de conocer la acción de amparo interpuesta, entre tanto no se haya agotado previamente aquella vía ordinaria, ya que en la acción rige el principio de subsidiariedad, además de tener un carácter preventivo y reparador, opera en casos en los cuales no existe otro remedio judicial eficiente, por tanto no sustituye las otras vías o mecanismos legales que las leyes confieren a los afectados para restituir los derechos que el accionante refiere.

El accionante señala que ante, la usurpación, violación y lesiones de los que fue víctima por vulneración de su derecho al agua, vivienda, salud, trabajo y propiedad, fue presentada la acción respectiva al juez que ejerce el control jurisdiccional, encontrándose dicho proceso en curso de tramitación en un proceso penal; por lo que, no se agotaron todas las instancias.

En cuanto a la inmediatez, los hechos que alega el accionante para fundar su acción son las agresiones denunciadas por parte del demandado el 7 de mayo de 2010, el corte del servicio de agua, que según el accionante se efectuó en agosto del 2011 y la imposibilidad física de ingresar a su domicilio, acaecido el 16 de diciembre del mismo año; siendo así que, fue presentada la acción extemporáneamente el 2 de julio de 2012.