SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0754/2012
Fecha: 13-Ago-2012
III.4.1.El derecho al trabajo y a una fuente laboral estable
El derecho al trabajo consagrado en el art. 46.I.1 de la CPE, dispone que: “Toda persona tiene derecho: (…) al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo, satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna”. Y el numeral 2 señala: “A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias”. De lo referido, se establece que son derechos que deben ser protegidos y respetados para lograr una armonía social.
Sobre el derecho al trabajo la SC 1580/2011-R de 11 de octubre, refiriéndose a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional señaló: “…lo ha definido en la SC 1132/2000-R de 1 de diciembre, como ´…la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona para desarrollar cualquier actividad física o intelectual tendiente a generar su sustento diario como el de su familia. (…) la propia Ley Fundamental establece el límite del mismo al señalar expresamente que tal derecho debe ejercerse de manera que no afecte el bien común ni el interés colectivo…´.
Desarrollando aún más este derecho fundamental este Tribunal estableció en la SC 0102/2003 de 4 de noviembre que: '…supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: a. Una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por igual trabajo, sin ninguna distinción'.
Finalmente, la 0203/2005-R de 9 de marzo, precisando el carácter del derecho al trabajo señaló que: '…no implica la obligación del Estado de otorgar a todos los ciudadanos un puesto de trabajo, sino que lo obliga a adoptar políticas que favorezcan la creación de puestos de trabajo tanto en el sector público como privado, y a tutelar este derecho fundamental contra actos que priven o restrinjan el ejercicio de este derecho o actitudes discriminatorias, a fin de garantizar iguales oportunidades para conseguir y tener estabilidad en un puesto de trabajo, en mérito al cumplimiento de los requisitos generales exigidos para el mismo'”.
Con relación a la estabilidad laboral, se tiene que la misma, consiste en proteger al trabajador de los despidos arbitrarios que le provoquen inseguridad y problemas; así también, es el derecho que tiene un trabajador a conservar su puesto de trabajo, la garantía a permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales; es garantizar los ingresos del trabajador en forma directa, lo que permite satisfacer las necesidades del núcleo familiar, no sólo en beneficio del trabajador, sino también del desarrollo económico social, logrando obtener la armonía, la paz social y laboral.
- acción de amparo constitucional,
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- a)
- concediendo
- Fragmento 7
- II.2.
- II.3.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.Naturaleza jurídica y fines de la acción de amparo constitucional
- Fragmento 16
- III.2. El bloque de constitucionalidad
- Fragmento 18
- la entidad pública donde prestare sus servicios el servidor público no puede sustraerse a cumplir una Resolución Administrativa Definitiva dictada por el Superintendente de Servicio Civil, aún cuando considere que el criterio de esta autoridad es errado
- III.4.1.El derecho al trabajo y a una fuente laboral estable
- el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”
- la protección a dicho derecho implica que la persona esté en posibilidad de cumplir una labor en condiciones dignas y justas. Por lo tanto, el impedir desempeñarse a una persona en el cargo para el cual ha sido electa o designada, o el alterarle de cualquier manera el correcto desarrollo de sus funciones, afectan gravemente su derecho a ejercer esa función pública, y también el derecho al trabajo; ya que éste consiste en: 'la potestad y facultad que tiene toda persona a encontrar y mantener una ocupación que le permita asegurar su propia subsistencia y la de aquellos colocados bajo su dependencia económica, en sí es la facultad que tiene la persona para desarrollar cualquier actividad física o intelectual tendiente a generar su sustento diario, así como el de su familia'”
- III.5. Análisis del caso concreto
- sin que ello implique el cambio de entendimiento desarrollado en la SSCC 1613/2010-R; 1660/2011-R; 0152/2012 y 0162/2012;
- APROBAR