SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0980/2012
Fecha: 22-Ago-2012
concediendo
El Juez Cuarto de Sentencia Penal del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, pronunció la Resolución 17/2012 de 28 de mayo, cursante de fs. 73 a fs. 76 vta., concediendo la tutela solicitada y disponiendo la nulidad del Auto de Vista de 25 de mayo de 2012, dictado por las autoridades demandadas, ordenado que se dicte una nueva resolución, observando y dando respuesta a todos los agravios planteados por la parte civil y/o querellante, así como por la parte imputada, quedando subsistentes las medidas dispuestas por la “Jueza de Instrucción”, debiéndose emitir el correspondiente mandamiento de libertad. El fallo se basó en los siguientes argumentos: a) Las resoluciones que resuelven una solicitud o reclamo, deben contener una motivación coherente con el ordenamiento jurídico, exponiendo de forma clara y precisa los fundamentos que llevaron a la autoridad a resolver el caso de una u otra forma, satisfaciendo todos los aspectos demandados; en el caso de autos, los Vocales demandados no fundamentaron de manera adecuada los artículos en los cuales basaron su resolución, pues para revocar la Resolución dictada por la Jueza a quo y determinar la medida excepcional de detención preventiva, tenían que circunscribir su fallo al art. 236.3 del CPP; y, b) La Sala Penal Segunda al dictar el Auto de Vista de 25 de mayo de 2012, revocando las medidas impuestas por la Jueza a quo, lesionó el debido proceso en su componente del derecho a una resolución motivada, que responda a todos los agravios planteados, además de vulnerar el principio de congruencia, así como los componentes de motivación y tutela judicial efectiva.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- concediendo
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- no obstante ello no implica que puede prescindirse la presentación de prueba mínima que acredite los hechos denunciados, en razón a que al sustanciar y resolver la acción tutelar, la jurisdicción constitucional requiere de certidumbre sobre la vulneración del o los derechos invocados para tutelar y protegerlos, compulsando los hechos denunciados con los elementos probatorios que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida, caso contrario se ve impedida de otorgar la tutela solicitada
- no es menos cierto que conforme al art. 68.2 de la LTCP, es necesario acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que se formulan a objeto de lograr sus pretensiones
- se lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca la persona accionante
- por el principio de inmediación y la posibilidad de los jueces y tribunales de garantía de acudir a los centros de detención, el deber de diligencia que deben tener en la recolección de elementos probatorios resulta mucho más intenso que la del Tribunal Constitucional Plurinacional, que por el transcurso del tiempo únicamente puede requerir prueba indispensable para la resolución de un caso en el marco de la facultad conferida por el art. 41 de la LTCP, pese a ello, corresponde aclarar que el deber de diligencia de los jueces y tribunales de acciones de libertad debe desarrollarse en el marco de su naturaleza
- En este sentido, la inobservancia en la remisión de los elementos de convicción por parte de jueces y tribunales de garantías, provocaría a este Tribunal la necesidad de su solicitud, que no sólo implicaría un costo adicional a la administración de justicia constitucional sino también, provocaría una dilación en la misma
- Finalmente, debe agregarse que la necesidad de contar con la prueba que motiva y fundamenta la acción de libertad, si bien tiene una función primaria y elemental a efectos de contrastar y verificar la existencia de las vulneraciones alegadas y determinar si corresponde otorgar la tutela invocada, también denota una función secundaria, pero no por ello menos importante, que es la de conocer cuáles han sido los elementos probatorios que han sustentado los fallos de los jueces y tribunales de garantías que fueron remitidos al Tribunal Constitucional Plurinacional en grado de revisión, con la finalidad de ejercer el control respectivo de acuerdo al mandato contenido en la Ley Fundamental.
- III.3. Análisis del caso concreto
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