El suscrito Magistrado expresa su disidencia con lo resuelto en la SCP 1114/2012 de 6 de septiembre, por los siguientes fundamentos de orden constitucional y legal.

En ese sentido, los pueblos y las naciones indígena originario campesinos, por mandato constitucional tienen la potestad de impartir justicia en el ámbito de su propio territorio, limitado en sus alcances por lo establecido en los arts. 191 y 192 de la CPE, y la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Se debe comprender que todas las naciones y pueblos indígena originario campesinos, tienen una forma particular de aplicar la justicia, conforme a sus usos y costumbres, que es la premisa básica para comprender el ejercicio de esa facultad jurisdiccional. Cada “suyo” se diferencia de otro, cada “marka” practica sus propios usos y costumbres, así como cada ayllu, sector, zona, región, etc., tienen su propia forma de aplicar justicia a los hechos suscitados en su jurisdicción. Este tipo de justicia no es formalista, lo que significa que no necesariamente se instala audiencia, ni se dicta el fallo a la usanza ordinaria y romanista; cada pueblo o nación indígena originaria campesina, se diferencia de otro, en tiempo y territorio, sus normas, usos y costumbres no están escritos, ni tendrían que estarlo, pues en su formación es dinámica, se van creando normas permanentemente, de acuerdo a las circunstancias, nunca es estática como en el derecho occidental positivo, por ello para comprenderla, se requiere pensar como ellos, sentir como ellos, reaccionar como ellos. Esta forma de comprender la realidad se conoce como la cosmovisión de los pueblos y naciones indígena originario campesinos. Al respecto, resulta ilustrativo referirnos a la Sentencia T-606/01, de la Corte Constitucional de Colombia, donde se señaló: “Para la Corte la jurisdicción indígena está integrada por sus propias autoridades judiciales, la potestad que estas tienen para establecer normas y procedimientos propios, con sujeción de estos a la ley y a la Constitución. Según la jurisprudencia, la jurisdicción indígena no está supeditada a la expedición de la ley previa, pues la Constitución tiene efectos normativos directos. Pero no solamente es la Constitución la que establece esta jurisdicción especial indígena. La OIT en el Convenio 169 (sobre pueblos indígenas y tribales), aprobado en Colombia por la ley 21 de 1991, trae toda una PARTE, denominada 'TIERRAS'. En virtud del bloque de constitucionalidad, las citadas normas de los Convenios, y particularmente para el presente caso el artículo 17 del Convenio 169 de la OIT, se integran con la Carta Fundamental en cuanto dicho Convenio contempla temas de derechos humanos, cuya limitación se encuentra prohibida aún durante los estados de excepción. Por consiguiente, la violación a las normas del Convenio 169 de la OIT pueden ser motivo de tutela en cuanto afecten derechos fundamentales. (…) Al funcionar paralelamente dos sistemas de justicia, el sistema nacional y las jurisdicciones especiales, es posible que se presenten conflictos de competencias. Como aún el legislador no ha establecido las formas de coordinación entre ellas, es preciso que el intérprete en su solución se atenga a las circunstancias particulares del caso concreto. En especial, dos elementos son relevantes para determinar la competencia: las características del sujeto y el lugar donde ocurrieron los hechos. Esta distinción es importante porque, como lo señaló esta Corporación en una decisión reciente 'la solución puede variar si la acción típica es cometida por miembros de pueblos indígenas dentro de su territorio, o si un indígena de manera individual incurre en ella afectando a quien no es miembro de su comunidad por fuera del ámbito geográfico del resguardo. En el primer caso, en virtud de consideraciones territoriales y personales, las autoridades indígenas son las llamadas a ejercer la función jurisdiccional; pero en el segundo, el juez puede enfrentar múltiples situaciones no solucionables razonablemente mediante una regla general de territorialidad...'. (…) 'Bajo ningún aspecto puede un Juez impedir que se tramite un proceso por la jurisdicción correspondiente. Si lo impide, está violando derechos fundamentales al acceso a la justicia y al debido proceso, susceptibles de amparo mediante tutela. Además, constituye violación afectar la autonomía de la etnia, dejar de lado el concepto de propiedad que se tiene sobre los resguardos, aplicar un trámite diferente al del derecho consuetudinario tratándose de sucesión de indígena, y como si fuera poco, tramitar medidas cautelares en resguardos indígenas, en contra de la disposición constitucional que los caracteriza como inalienables, imprescriptibles e inembargables…'” (las negrillas son nuestras).