SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1026/2012
Fecha: 05-Sep-2012
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 17 de julio de 2012, la Jueza demandada instaló audiencia de consideración de incautación y cesación a la detención preventiva de su representada después de cuatro meses -debido a planteamientos de recusación por la parte querellante-; empero, nuevamente, dos horas antes de la audiencia volvió a recusar a la Jueza ahora demandada basándose en la misma causal anteriormente invocada, es decir, a lo dispuesto por el art. 316 incs. 2) y 5) del Código de Procedimiento Penal (CPP), cuando en aquélla oportunidad fue rechazada y confirmada por la Sala Penal Tercera, situación que evidenciaba que su única finalidad era perjudicar y evitar se instale y celebre la audiencia para considerar la cesación a la detención preventiva de su representada que se encuentra hospitalizada con grave estado de salud. Ante esta situación, la Jueza demandada rechazó in límine la recusación interpuesta en su contra en aplicación de lo dispuesto en el art. 321 del CPP, modificado por la Ley 007, luego, en lugar de proseguir con la audiencia, ordenó la remisión de obrados al juez siguiente en número y suspendió las audiencias programadas para ese día con el argumento de que sus actos serían nulos de pleno derecho.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- Fragmento 6
- II. CONCLUSIONES
- II.1.
- (Resolución 10 de 20 de julio del Juez de garantías a fs. 32 vta., que coincide con el informe oral de la Jueza demandada cursante a fs. 30 y vta. y lo denunciado en la acción de libertad cursante de fs. 2 a 3).
- II.3.
- III FUNDAMENTOS JURÍDICOS
- III.1. La obligatoriedad de remitir la prueba al Tribunal Constitucional Plurinacional por los jueces y tribunales de garantías: El supuesto para que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita la resolución en revisión sin pruebas documentales
- prueba que de oficio
- resolver la causa sin requerir la
- puede resolver la causa sin requerir la remisión de prueba omitida cuando de las circunstancias del caso pueda conformarse convicción, conforme a la naturaleza sumaria de esta acción de defensa
- los criterios objetivos concurrentes
- tratándose de medidas cautelares de carácter personal
- se tiene que la prohibición de conocimiento de ulteriores actos procesales una vez promovida la recusación, es un presupuesto aplicable para las recusaciones formuladas en el marco del art. 320 del CPP; empero, considerando que el rechazo in límine no contempla las causales del art. 320 del CPP, sino por el contrario, sus presupuestos son distintos, del tenor literal del art. 321, se establece que no existe una regulación normativa expresa del procedimiento de rechazo in límine de recusaciones formuladas en procesos penales,
- siguiendo un criterio teleológico de interpretación, se tiene que el primer supuesto del art. 321 del CPP en el marco de las causales reguladas por el art. 320 del mismo cuerpo adjetivo, cuando establece la prohibición de realización de actos procesales ulteriores bajo sanción de nulidad, tiene una finalidad concreta, que es asegurar el principio de imparcialidad como elemento del debido proceso
- a la luz de esta interpretación teleológica, es razonable señalar que en este supuesto (rechazo in límine), los jueces o tribunales ordinarios, precisamente para asegurar esa celeridad procesal, en caso de enmarcarse la recusación a una causal de rechazo in límine, deberán establecer de manera previa y motivada este rechazo, luego de lo cual, a diferencia del primer supuesto disciplinado en el art. 321 de la Ley 007, deberán continuar de manera inmediata con el conocimiento y resolución de la causa, aspecto que de ninguna manera vicia de nulidad los actos procesales ulteriores”
- III.3. Análisis del caso concreto
- No obstante lo señalado, es menester aclarar que se abre el ámbito de protección de tutela directa, sin necesidad del agotamiento de recursos ante grave riesgo de perder la vida.
- 1º APROBAR