SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1026/2012
Fecha: 05-Sep-2012
tratándose de medidas cautelares de carácter personal
La SCP 0038/2012 de 26 de marzo, escudriñando el objeto y finalidad de la acción de libertad construyó, en una interpretación desde y conforme a la Constitución y al bloque de constitucionalidad constituido por los tratados internacionales sobre derechos humanos (art. 410.II de la CPE) y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (SC 110/2010-R) y ampliando el criterio jurisprudencial contenido en las SSCC 1865/2004-R y 0619/2005-R, que el procesamiento indebido, “…tratándose de medidas cautelares de carácter personal, puede ser tutelado a través de la acción de libertad, en los casos en los que se afecte las reglas y elementos del debido proceso, siempre y cuando se cumpla con dos aspectos esenciales: a) La directa vinculación con la libertad del elemento del debido proceso denunciado como afectado; y b) El agotamiento de los mecanismos internos de cuestionamiento a decisiones jurisdiccionales” (las negrillas nos perteneces).
“Ahora bien, en el marco de las reglas del debido proceso, corresponde determinar los presupuestos para recusaciones establecidos en las normas adjetivas vigentes. En ese contexto, es pertinente establecer que los presupuestos procesales de las recusaciones en procesos penales, forman parte de las reglas de un debido proceso y su vulneración, deberá ser tutelada a través de la acción de libertad, siempre y cuando el acto lesivo se hubiere cometido como emergencia de la imposición de una medida cautelar de carácter personal que esté directamente vinculado con la libertad y se hubieran agotado todos los mecanismos intraprocesales de defensa establecidos en la normativa imperante”.
Luego, la misma sentencia (SCP 0038/2012), a partir de una interpretación exegética, teleológica y sistemática de las normas procesales penales contenidas en los arts. 320 y 321 del CPP y el art. 1 de la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, denominada “Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal”, que establece las reformas parciales al Código de Procedimiento Penal, entre las cuales se encuentra la modificación al art. 321 del mencionado CPP, entendió que:
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- Fragmento 6
- II. CONCLUSIONES
- II.1.
- (Resolución 10 de 20 de julio del Juez de garantías a fs. 32 vta., que coincide con el informe oral de la Jueza demandada cursante a fs. 30 y vta. y lo denunciado en la acción de libertad cursante de fs. 2 a 3).
- II.3.
- III FUNDAMENTOS JURÍDICOS
- III.1. La obligatoriedad de remitir la prueba al Tribunal Constitucional Plurinacional por los jueces y tribunales de garantías: El supuesto para que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita la resolución en revisión sin pruebas documentales
- prueba que de oficio
- resolver la causa sin requerir la
- puede resolver la causa sin requerir la remisión de prueba omitida cuando de las circunstancias del caso pueda conformarse convicción, conforme a la naturaleza sumaria de esta acción de defensa
- los criterios objetivos concurrentes
- tratándose de medidas cautelares de carácter personal
- se tiene que la prohibición de conocimiento de ulteriores actos procesales una vez promovida la recusación, es un presupuesto aplicable para las recusaciones formuladas en el marco del art. 320 del CPP; empero, considerando que el rechazo in límine no contempla las causales del art. 320 del CPP, sino por el contrario, sus presupuestos son distintos, del tenor literal del art. 321, se establece que no existe una regulación normativa expresa del procedimiento de rechazo in límine de recusaciones formuladas en procesos penales,
- siguiendo un criterio teleológico de interpretación, se tiene que el primer supuesto del art. 321 del CPP en el marco de las causales reguladas por el art. 320 del mismo cuerpo adjetivo, cuando establece la prohibición de realización de actos procesales ulteriores bajo sanción de nulidad, tiene una finalidad concreta, que es asegurar el principio de imparcialidad como elemento del debido proceso
- a la luz de esta interpretación teleológica, es razonable señalar que en este supuesto (rechazo in límine), los jueces o tribunales ordinarios, precisamente para asegurar esa celeridad procesal, en caso de enmarcarse la recusación a una causal de rechazo in límine, deberán establecer de manera previa y motivada este rechazo, luego de lo cual, a diferencia del primer supuesto disciplinado en el art. 321 de la Ley 007, deberán continuar de manera inmediata con el conocimiento y resolución de la causa, aspecto que de ninguna manera vicia de nulidad los actos procesales ulteriores”
- III.3. Análisis del caso concreto
- No obstante lo señalado, es menester aclarar que se abre el ámbito de protección de tutela directa, sin necesidad del agotamiento de recursos ante grave riesgo de perder la vida.
- 1º APROBAR