SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1026/2012
Fecha: 05-Sep-2012
III.1. La obligatoriedad de remitir la prueba al Tribunal Constitucional Plurinacional por los jueces y tribunales de garantías: El supuesto para que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita la resolución en revisión sin pruebas documentales
sobre la obligación constitucional y legal que tienen los jueces y tribunales que fungen como jueces constitucionales de remitir las pruebas en las que fundan su decisión, señaló que ello se sustenta en lo dispuesto en el art. 126.IV de la CPE y 64 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) -concordante con el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo)- que impone el deber de enviar la resolución dictada en el plazo de veinticuatro horas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, decisión que no puede ser enviada en forma aislada sino deberá estar acompañada de toda la prueba en la que se sustenta la decisión de concesión o denegatoria, debido a que la atribución de conocer y resolver en revisión la acción de libertad (art. 202. 6 de la CPE) alcanza a la resolución emitida por el Juez o Tribunal de Garantías conforme a los hechos demostrados por la autoridad o persona demandada (art. 68.2 de la LTCP) y a falta de ésta sobre la base de la prueba presentada por la accionante (art. 69.I de la LTCP), en razón a que una vez practicadas las pruebas éstas pasan a ser parte del proceso constitucional (principio de comunidad de la prueba) y deberán ser analizadas también por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Así dicha sentencia, después de razonar sobre el tema de la prueba en una acción de libertad y las obligaciones emergentes por la parte accionante, la parte demandada y el juez o tribunal de garantías refirió “…que todo juez o tribunal de garantías cuenta con la obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional:
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- Fragmento 6
- II. CONCLUSIONES
- II.1.
- (Resolución 10 de 20 de julio del Juez de garantías a fs. 32 vta., que coincide con el informe oral de la Jueza demandada cursante a fs. 30 y vta. y lo denunciado en la acción de libertad cursante de fs. 2 a 3).
- II.3.
- III FUNDAMENTOS JURÍDICOS
- III.1. La obligatoriedad de remitir la prueba al Tribunal Constitucional Plurinacional por los jueces y tribunales de garantías: El supuesto para que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita la resolución en revisión sin pruebas documentales
- prueba que de oficio
- resolver la causa sin requerir la
- puede resolver la causa sin requerir la remisión de prueba omitida cuando de las circunstancias del caso pueda conformarse convicción, conforme a la naturaleza sumaria de esta acción de defensa
- los criterios objetivos concurrentes
- tratándose de medidas cautelares de carácter personal
- se tiene que la prohibición de conocimiento de ulteriores actos procesales una vez promovida la recusación, es un presupuesto aplicable para las recusaciones formuladas en el marco del art. 320 del CPP; empero, considerando que el rechazo in límine no contempla las causales del art. 320 del CPP, sino por el contrario, sus presupuestos son distintos, del tenor literal del art. 321, se establece que no existe una regulación normativa expresa del procedimiento de rechazo in límine de recusaciones formuladas en procesos penales,
- siguiendo un criterio teleológico de interpretación, se tiene que el primer supuesto del art. 321 del CPP en el marco de las causales reguladas por el art. 320 del mismo cuerpo adjetivo, cuando establece la prohibición de realización de actos procesales ulteriores bajo sanción de nulidad, tiene una finalidad concreta, que es asegurar el principio de imparcialidad como elemento del debido proceso
- a la luz de esta interpretación teleológica, es razonable señalar que en este supuesto (rechazo in límine), los jueces o tribunales ordinarios, precisamente para asegurar esa celeridad procesal, en caso de enmarcarse la recusación a una causal de rechazo in límine, deberán establecer de manera previa y motivada este rechazo, luego de lo cual, a diferencia del primer supuesto disciplinado en el art. 321 de la Ley 007, deberán continuar de manera inmediata con el conocimiento y resolución de la causa, aspecto que de ninguna manera vicia de nulidad los actos procesales ulteriores”
- III.3. Análisis del caso concreto
- No obstante lo señalado, es menester aclarar que se abre el ámbito de protección de tutela directa, sin necesidad del agotamiento de recursos ante grave riesgo de perder la vida.
- 1º APROBAR