SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1231/2012
Fecha: 07-Sep-2012
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Refiere que, dentro el proceso laboral, que radica en el Juzgado Primero de Partido de Trabajo y Seguridad Social instaurado por Gustavo Mauricio Santa Cruz Guzmán contra su representado, a efectos del cobro de beneficios sociales, el demandante aprovechando que su hoy representado realizó varios viajes, solicitó se convoque a confesión provocada, y al no estar presente el mismo, se dio por confeso, emitiéndose una Resolución, misma que fue apelada y posteriormente se recurrió de casación, existiendo a la fecha un Auto Supremo.
Asimismo, manifiesta que de manera voluntaria, presentó dentro del proceso laboral un bien mueble sujeto a registro, a objeto de que con el fruto del remate, se realice el pago de lo dispuesto en el referido fallo, y que habiendo sido notificado el demandante con dicha solicitud de consideración de pago, el mismo rechazó la oferta y solicitó el apremio corporal de su representado; por lo que, la Juez de la causa, mediante simple proveído y en total ausencia de fundamentación y motivación determinó la conminatoria de pago de beneficios sociales a favor del demandante, bajo pena de apremio.
Alega también que, en merito a la oferta de pago realizada, solicitó se disponga el embargo del bien mueble ofrecido -consistente en un vehículo-, petición que fue rechazada por Gustavo Mauricio Santa Cruz Guzmán -demandante del proceso laboral-, quien pidió, a tiempo de dar a conocer su negativa, el apremio corporal de Germán Pedro Carmona Borda; en consecuencia, la autoridad ahora demandada, a través de un decreto simple, ordenó que se emita mandamiento de apremio, sin consideración de orden legal, fundamento, ni motivación alguna, y sin observancia de la jurisprudencia constitucional, como la SC 0033/2010 de 20 de septiembre, por la cual se determina que se vulneran derechos y garantías cuando la Juez rechaza una oferta de pago.
Concluye señalando que, con la orden de apremio emitida en contra de su representado, la parte demandante del proceso laboral, está limitando el acceso de éste a su lugar de trabajo y domicilio; toda vez que, su representado inició una acción penal en contra de Gustavo Mauricio Santa Cruz Guzmán por la presunta comisión del delito de falso testimonio, donde éste último debe ser sometido a audiencia de aplicación de medidas cautelares, por lo que al presente trata de evitar con el referido mandamiento la presencia de su representado en mencionada audiencia.
- Fragmento 1
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción y ampliación
- a)
- denegaron
- II.2.
- II.3.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de libertad y su naturaleza jurídica
- El informalismo
- III.2. De la emisión de mandamiento de apremio en procesos laborales
- siendo necesario precisar que librada dicha medida restrictiva de libertad a objeto que se cumpla el deber impuesto, no puede suspenderse por ningún motivo, por determinación del art. 517 del CPC, aplicable por previsión del art. 252 del CPT, al disponer: '(Ejecución coactiva de las sentencias) La ejecución de autos y sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario ni extraordinario, ni el de compulsa, ni el de recusación, ni por ninguna solicitud que tendiere a dilatar o impedir el procedimiento de ejecución
- La Norma Fundamental de nuestro Estado Plurinacional, protege ampliamente los derechos del trabajador. Así, en su art. 48.III señala: 'Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos'.
- con el propósito de materializar los derechos del trabajador, como en este caso los beneficios sociales, la norma adjetiva laboral en su art. 216, ante el incumplimiento de la obligación de pago de beneficios sociales determinados en sentencia, en ejecución de la misma estableció la potestad de emitir mandamiento de apremio contra el ejecutado.
- III.3. Análisis del caso concreto
- APROBAR