SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1254/2012
Fecha: 19-Sep-2012
III.3. Con relación al caso concreto
El accionante, denuncia la vulneración del derecho a la propiedad privada, de su bien inmueble, adquirido el 17 de octubre de 1997, de Gregory Héctor García Landivar, ubicado en el cantón El Palmar del Oratorio, propiedad denominada como “Cupesí Terrado”, con una superficie de “5.517,00 m2” (sic), y registrado en Derechos Reales de la ciudad de Santa Cruz, bajo el folio con matrícula computarizada 7.01.2.02.0000539, denunciando que el 5 de septiembre de 2010, en horas de la mañana, sus guardias de seguridad, conjuntamente con sus trabajadores fueron golpeados con armas blancas y amenazados con armas de fuego por los demandados, logrando de esta manera ingresar y permanecer en su inmueble de forma violenta y arbitraria, mismo que fue debidamente adquirido, avasallando de esta forma su propiedad.
El accionante, adjuntó la documentación de su derecho propietario, mismo que de acuerdo a las conclusiones arribadas se establece que se encuentra controvertido, ante la existencia de un proceso ordinario ante el Juzgado Onceavo de Instrucción en lo Civil y Comercial, sobre mejor derecho de propiedad, acción reivindicatoria, acción negatoria, entrega de inmueble, pago de daños y perjuicios, interpuesto por José Herman Aguilera Aguilera y la ahora demandada Fabiola Heredia Saavedra de Aguilera, contra el accionante, y reconvenido por este último, en ese sentido, al encontrarse esta situación sometida, ya a la jurisdicción ordinaria debiendo ser ésta la vía que aclarare, respecto a la situación del derecho propietario de las partes.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado
- I.2.2. Informe de las personas demandadas
- denegó
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La naturaleza de la acción de amparo constitucional
- III.2. Del derecho de propiedad ante medidas de hecho
- cabe señalar que, el derecho a la propiedad también se halla protegido contra las medidas de hecho. Será la justicia ordinaria la que inicialmente proteja éste derecho; sin embargo, excepcionalmente cuando concurran medidas y acciones sin respaldo legal y contrarias al orden público debidamente comprobadas, que afecten el uso, goce y disfrute de la propiedad, será la justicia constitucional que a través de la acción de amparo constitucional tutele este derecho
- El derecho a la propiedad debidamente demostrado y no cuestionado
- además, es imperante precisar que de manera específica, los «avasallamientos», constituyen también vías de hecho, situación en la cual, cuando se denuncie afectación al derecho a la propiedad, la parte accionante, tiene la carga probatoria específica de acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros; además, para este supuesto, es decir para «avasallamientos», como carga argumentativa, será necesario probar por cualquier medio legítimo, los actos o medidas circunscritas a las vías de hecho. Por lo señalado, al margen de estas cargas probatorias, para asegurar un real acceso a la justicia constitucional, frente a vías de hecho por avasallamiento, no puede exigirse al peticionante de tutela ninguna otra carga procesal adicional, ya que un razonamiento contrario, podría afectar una tutela constitucional efectiva
- Fragmento 17
- III.3. Con relación al caso concreto
- denegar
- APROBAR