SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1322/2012
Fecha: 19-Sep-2012
III.2. Análisis en el caso concreto
Ingresando al análisis de los hechos motivo de la presente acción tutelar, en el caso se tiene que, el accionante alega detención indebida, vulneración a su derecho a la defensa material y técnica y a su presunción de inocencia; toda vez, que la autoridad ahora demandada por una simple sindicación de un delito de robo, lo mantuvo detenido por más de cuarenta y ocho horas en dependencias de la FELCC de Llallagua, pretendiendo declare sin la presencia de su abogado defensor y acepte la comisión del delito de homicidio que desconocía totalmente, que se dispuso su detención preventiva a sólo informe de la autoridad fiscal demandada, sin existir previamente la imputación formal en su contra.
El procedimiento penal establece un triángulo de rol y funciones en el que el fiscal acusa, el juez decide y el imputado se defiende, en esa labor si el imputado en el primer momento de la investigación o hasta antes de ser anunciada el inicio de la misma, consideraba que se encontraba aprehendido por más de cuarenta y ocho horas, que fue amenazado y amedrentado para autoincriminarse de un hecho en el que no participó y que prestó su declaración informativa sin contar con su abogado defensor; conforme al Fundamento Jurídico III.1 (Primer Supuesto) debió acudir para control, denuncia y reparación del mismo, ante el Juez cautelar, puesto que en la concurrencia de este primer supuesto, es lógico inferir que el imputado como sujeto procesal, debe procurar en lograr legítimamente la protección judicial de sus derechos y garantías ante el juez controlador de la investigación; que si bien los actos iniciales de la investigación, como la requisa personal, registro del lugar del hecho, arresto, aprehensión, entrevistas y declaraciones, son inherentes o tareas propias a la labor fiscal, empero de ningún modo puede soslayar la atribución establecida en el art. 54.1 del CPP, del Juez cautelar, que no sólo garantiza los derechos del imputado, sino que también va más allá, el de proteger el legítimo ejercicio de la persecución penal del fiscal.
En consecuencia la jurisprudencia apuntada en el Fundamento Jurídico III.1 es aplicable al caso de autos, toda vez que si el accionante consideraba que se encontraba detenido indebidamente por más de cuarenta y ocho horas, debió denunciar esas presuntas irregularidades o arbitrariedades ante el Juez de Instrucción en lo Penal y no interponer directamente la presente acción; puesto que pretender utilizar la acción de libertad como un mecanismo de defensa de la jurisdicción ordinaria penal, implicaría desnaturalizar el alcance de la excepcional subsidiariedad.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- denegando
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- …no
- “…acción de libertad, se constituye en el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, empero para ello, previamente se deben agotar los mecanismos de protección específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, operando la acción de libertad solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas
- en caso de existir norma expresa que prevea mecanismos intra-procesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional…', aspecto que se encuentra enmarcado en los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y, 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos
- “Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación”
- “…el Juez cautelar no tiene competencia al no haber conocido siquiera el inicio de investigación y bien podría tratarse de una indebida privación de libertad originada en una cuestión ajena a un delito, y porque, además, constituye un deber de las personas y servidores públicos, y en especial de las fuerzas del orden público así como de la autoridad fiscal, cumplir con la Constitución Política del Estado y respetar en consecuencia, el derecho a la libertad física de las personas, derecho que sólo puede limitarse en los casos y formas establecidas por la ley y en virtud de una orden emanada por escrito de autoridad competente; consecuentemente, no puede considerarse, de ninguna manera, excepto en los casos en los que se haya dado aviso de una investigación, o si no se dio aviso, que exista vinculación con la presunta comisión de un delito que la pretensión de tutela al derecho a la libertad personal sea conocida y resuelta previamente por un Juez cautelar de turno, asignándole a la acción de libertad un carácter subsidiario que no corresponde a su naturaleza y que, en el caso descrito, carece de fundamento constitucional y legal.
- En ese mismo orden, con relación específicamente a la presunta lesión del derecho a la libertad personal por causa de un indebida privación de libertad; es decir, cuando la restricción se hubiera presuntamente operado al margen de los casos y formas establecidas por ley y que, sin embargo, tal hecho se hubiera dado a conocer al juez cautelar del inicio de la investigación y, en su caso, de la imputación, resulta indispensable recordar que el art. 54.1 del CPP, establece que entre las competencias del Juez de Instrucción en lo Penal, está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad encargada de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -imputado, querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria de derechos fundamentales o garantías constitucionales; es decir, desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal y/o arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal o la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el Juez de Instrucción en lo Penal, que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación.
- Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”
- III.2. Análisis en el caso concreto
- CONFIRMAR