SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1499/2012

El 21 de julio de 2009, mediante memorándum DGCH/04387/009, fue designado como Coordinador de la Dirección de Recaudaciones del municipio de El Alto; posteriormente el 1 de septiembre del mismo año, se emitió el memorándum GDCH/05283/09 de 27 de agosto de 2009, mediante el cual se le reasignó en sus funciones, en el cargo de Profesional B dependiente de la Dirección Jurídica, sin hacerle conocer los motivos de dicha reasignación, no obstante hizo conocer el estado de gestación de su cónyuge, adjuntando documentos de respaldo, los mismos que no se tomaron en cuenta, notificándole el 2 de septiembre del citado año, motivo por el que representó el memorándum en fecha 3 de septiembre de 2009, del cual no obtuvo respuesta; a finales del mes de octubre de 2009, se le hizo conocer un informe de evaluación, en el cual se estableció que el accionante no colmaría las expectativas para el cargo y que no cumplía con los requisitos para beneficiarse con la inamovilidad laboral, porque el certificado del ente gestor de salud tendría que ser la Caja Nacional de Salud (CNS) y que el cargo donde fue asignado en primera instancia es de libre nombramiento.      

Ante la evasiva de las autoridades, a las reiteradas solicitudes efectuadas por el accionante, éste presentó su queja al Ministerio de Trabajo, llevándose a cabo la audiencia, en la que se resolvió la reincorporación inmediata al cargo de Jefe de la Dirección de Recaudaciones con goce de haberes y otros derechos sociales por el tiempo que duró la suspensión, emitiendo la Jefatura del Trabajo la Resolución Administrativa 084/10 de 26 de enero de 2010, en tal sentido, se le restituyó a su fuente laboral sin habérsele cancelado los sueldos que no percibió.

El 16 de agosto de 2010, fue notificado mediante memorándum MOB/DGCH/0282/10 de 13 de agosto de 2010, en que se prescinde nuevamente de sus servicios, pese a que todavía contaba con el beneficio de inamovilidad funcionaria, el mismo que fue representado el 18 de agosto del mismo año y reiteró su solicitud el 21 de septiembre, ambas cartas sin respuesta, por lo que, al incumplimiento de la Resolución del Ministerio de Trabajo, recurrió a la vía constitucional.