SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1526/2012

Se entiende como preso: “la persona detenida por sospechas criminales, tras haberse dictado prisión preventiva contra la misma o haberse dispuesto así gubernativamente. Quien cumple, en un establecimiento penitenciario, una pena privativa de libertad, impuesta por sentencia firme” (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas).

Estableciéndose que existen dos categorías de presos. Unos que se encuentran privados de su libertad como consecuencia de una medida judicial de carácter preventiva o cautelar; y los otros que se encuentran privados de su libertad como consecuencia de una sentencia condenatoria a pena privativa de libertad. En los dos casos la privación de libertad es como consecuencia de una decisión judicial fundamentada y basada en disposiciones legales.

Así también, se entiende como detención “la privación judicial, gubernativa o disciplinaria, de la libertad personal, como medio de contribuir a la investigación de un delito o como sanción discrecional de una falta o contravención. La detención es por esencia, en el proceso penal, interina; ya que procede desavenida la sospecha, la libertad; o, al contrario, por confirmarse los indicios acusatorios, se transforma en procesamiento, e incluso en prisión preventiva, si la gravedad del delito y los antecedentes del procesado lo determinan así” (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas).

La detención legal es la privación de libertad de una persona, dispuesta por la autoridad judicial competente, como medida cautelar o sanción punitiva, y ésta restricción a la libertad física se encuentra conforme al ordenamiento jurídico vigente. En este entendido, podemos afirmar que la detención es ilegal o indebida cuando ésta se prolonga más allá de los límites establecidos por la ley o se la mantiene después de que haya cumplido con la condena o merecido algún beneficio otorgado conforme a ley, así también como cuando se le niega sin justificativo legal alguno la solicitud de los beneficios que le franquea la ley en la ejecución de la pena.