SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0004/2013-L

El 10 de abril de 2011, José Alejandro Lastra se encontraba en el aeropuerto de Viru Viru acompañando a Stefano Ferrari, quien había acudido a dicho lugar a recibir a Mario Bono, quien llegaba “en el vuelo 544 de Aerosur procedente de Madrid-España” (sic), instante en que fue arrestado y conducido a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN).

Posterior a ello funcionarios del Ministerio Público, con su consentimiento requisaron su vivienda, sin hallar sustancias controladas, sólo una pistola calibre 22 con cargadores. En igual modo allanaron la vivienda de Stefano Ferrari, en la que encontraron fotografías de José Alejandro Lastra, una maleta, un taladro, una amoladora, silicona y “otros”; sin embargo, tampoco sustancias controladas.

En base a tales antecedentes el Ministerio Público, presentó imputación formal contra Stefano Ferrari, Mario Bono, José Alejandro Lastra y Fabio Andrés Espinoza, con el argumento de que Mario Bono -súbdito italiano-, arribaría a Santa Cruz para tomar contacto con Stefano Ferrari y coordinar actividades relacionadas con el narcotráfico. En mérito de dicha imputación, el Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal dispuso la detención preventiva de José Alejandro Lastra, sin existir indicio alguno en su contra, aduciendo que no tendría trabajo constituido, sumado al hecho de que la documentación presentada eran solo fotocopias.

Ante semejante Resolución, se interpuso recurso de apelación que fue sorteado a la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Santa Cruz, señalando audiencia para el 28 de abril de 2011 a horas 16:45, en la cual las autoridades hoy demandadas, alejados de todo razonamiento jurídico, ingresaron en contradicciones, puesto que en la fundamentación se da la razón a su representado, expresando que no existió obstaculización en la investigación, ya que el mismo permitió el ingreso a su domicilio sin oponerse y que el Ministerio Público no demostró de ningún modo su participación; sin embargo, en la parte resolutiva se votó porque se confirme la Resolución apelada.

En el desarrollo del proceso, no se ha demostrado la existencia de ningún indicio o elemento de convicción, que haga presumir que su representado sea autor o partícipe de un hecho ilícito vinculado a la Ley 1008 (L1008), tampoco se ha acreditado conducta que haga presumir que no se someterá a investigación o finalmente que obstaculizará la averiguación de la verdad.