SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0025/2013
Fecha: 04-Ene-2013
I.3. Alegaciones del personero del órgano que generó la norma impugnada
1) La suspensión temporal de autoridades electas al interior del derecho autonómico, encuentra su naturaleza jurídica en la administración departamental o municipal, como una medida administrativa tendiente a a garantizar dos órdenes de derecho, el primero la institucionalidad del Gobierno Departamental o Municipal, y en segundo tutelar el debido proceso a favor de la autoridad suspendida.
2) Siendo atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional el dictar leyes, queda justificada constitucionalmente su competencia para hacerlo en situaciones generales y de alcance nacional, en materia administrativa, como es el presente caso, bajo el entendido que la administración como tal debe contar con un campo de aplicación legal general por la coordinación que debe existir entre todos los niveles del Estado, lo contrario sería desnaturalizar el campo de acción de la administración.
5) Al ser la suspensión temporal una medida de estricta administración, implica que la suspensión temporal de la servidora o servidor público por acusación formal del Fiscal, no afecta los derechos políticos de los suspendidos a elegir y ser elegido pudiendo ejercerlos en cualquier momento, denotándose en consecuencia que las normas objetadas son congruentes con lo determinado por la Constitución Política del Estado.
6) Las normas objetadas de inconstitucionales no vulneran el principio de presunción de inocencia, pues la medida administrativa de suspensión temporal de una servidora o servidor público no significa que se afecte dicha garantía procesal penal, porque el acusado seguirá recibiendo el trato de inocente hasta que se emita una sentencia de absolución o culpabilidad. La suspensión tampoco afectará el deber del Ministerio Público de probar sus acusaciones, al ser el órgano que tiene la carga de la prueba.
7) La suspensión temporal de funciones es un acto cuya finalidad es asegurar que la servidora o servidor público ejerza su defensa y sea sometido a un proceso penal en igualdad de condiciones, pero para ello, el sistema asegura que exista el suficiente mérito para la persecución penal, aspecto que es garantizado por la investigación en la etapa preparatoria y la intervención obligatoria de un representante del Ministerio Público; y,
8) Si bien un ciudadano es elegido democráticamente para un cargo, dicho aspecto no significa que goza de algún fuero, privilegio o inmunidad, o que no podrá ser juzgado o suspendido, debiendo someterse todas las servidoras o servidores públicos, al procesamiento en la vía ordinario como cualquier otro ciudadano, lo contrario sería vulnerar la Constitución en su art. 180.III.
- la acción de inconstitucionalidad abstracta
- a) Argumentos jurídico constitucionales para el ejercicio del control de constitucionalidad del art. 144 de la LMAD
- b) Argumentos jurídico constitucionales para el ejercicio del control de constitucionalidad del art. 145 de la LMAD
- c) Argumentos jurídico constitucionales para el ejercicio del control de constitucionalidad del art. 146 de la LMAD
- Fragmento 5
- I.3. Alegaciones del personero del órgano que generó la norma impugnada
- “Artículo 144. (Suspensión temporal).-
- Artículo 145. (Procedimiento).-
- Artículo 146. (Restitución).-
- I.
- II.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. El sistema plural de control de constitucionalidad y sus ámbitos de ejercicio
- ya que las directrices principistas y los valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia, irradiarán de contenido a todos los actos infra-constitucionales; además, en virtud al principio de complementariedad que postula la interculturalidad, estos valores supremos irradiados en toda la vida social se integrarán armoniosamente para solidificar las bases sociológicas de una sociedad plural, consolidando así una verdadera cohesión y armonía social en el marco del principio de unidad estatal.
- los cuales, al encontrarse insertos en la parte dogmática de la Constitución, irradiarán de contenido a la parte orgánica de la norma suprema y también al orden infra-constitucional y a los actos de la vida social, para consolidar así el valor esencial y fin primordial del Estado Plurinacional de Bolivia, que es el “vivir bien”.
- consolidando el mandato constitucional, la vigencia de un sistema jurisdiccional plural y concentrado de control de constitucionalidad.
- a)
- Fragmento 18
- 1)
- III.2. El ejercicio del control normativo de constitucionalidad y los efectos de la cosa juzgada constitucional en caso de existir sentencias que declaren la constitucionalidad de una norma anteriormente impugnada
- se establece que al ser el Tribunal Constitucional Plurinacional el último y máximo celador y garante de la materialización del Bloque de Constitucionalidad y de la vigencia de los derechos fundamentales en el Estado Plurinacional de Bolivia, al no existir instancia superior, sus decisiones adquieren la “calidad de cosa juzgada constitucional”, aptitud jurídica en mérito de la cual, las mismas son inmodificables y no pueden ser examinadas de manera ulterior.
- las sentencias constitucionales emitidas como consecuencia del ejercicio del control normativo de constitucionalidad, al ser el Tribunal Constitucional Plurinacional el último y máximo garante del Bloque de Constitucionalidad y de los derechos fundamentales, tal como ya se señaló, impide, en aplicación de los efectos de la cosa juzgada en materia constitucional, realizar el test de constitucionalidad en cuanto a las denuncias de inconstitucionalidad resueltas mediante Sentencia Constitucional expresa, así, en una interpretación conforme a la Constitución, el art. 107.5 de la LTCP, en su tenor literal, señala que “La sentencia que declare la constitucionalidad de la norma legal impugnada, hace improcedente cualquier nueva demanda de inconstitucionalidad contra ella” (las negrillas y subrayado nos pertenecen), asegurando así los efectos de la cosa juzgada constitucional y consagrando de esta manera la naturaleza orgánica del Tribunal Constitucional Plurinacional, puesto que al ser el último y máximo garante del Bloque de Constitucionalidad y de Derechos Fundamentales, define en el Estado Plurinacional de Bolivia, cuestiones propias de la justicia plural constitucional.
- para analizar los efectos de la cosa juzgada constitucional en el ámbito del control normativo de constitucionalidad, es imperante definir el alcance del término “denuncia de inconstitucionalidad”
- En el supuesto antes señalado, independientemente de las normas inconstitucionales denunciadas como lesivas, este elemento de la “denuncia constitucional”, es decir el presupuesto fáctico-circunstancial, al configurarse como la causa de la acción de inconstitucionalidad, impide que de manera ulterior se active el control plural de contitucionalidad en su ámbito normativo
- Por lo afirmado, se tiene que los dos supuestos antes descritos, responden a una interpretación teleológica del art. 196.1 de la CPE, ya que al ser el Tribunal Constitucional Plurinacional, el último y máximo guardián de la Constitución y los derechos humanos, sus decisiones en el ámbito del control normativo de constitucionalidad y por supuesto en los demás ejes de control de constitucionalidad descritos en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, no pueden ser revisados de manera ulterior.
- Asimismo, a la luz del principio de unidad constitucional, como pauta específica de interpretación constitucional, se establece que los supuestos desarrollados precedentemente, responden a los postulados del Estado Constitucional de Derecho, ya que en este tipo de Estado, la definición de aspectos propios de la justicia constitucional, se encuentra encomendado en última instancia al control de constitucionalidad imperante
- en este punto y como supuesto diferente, es imperante desarrollar los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma emergente de la activación previa de una acción abstracta de inconstitucionalidad.
- el control normativo de constitucionalidad, en su faceta abstracta, debe ser ejercido en relación a normas de carácter general en plena vigencia temporal. En el marco de lo señalado, cuando se activa a través de una acción de inconstitucionalidad de naturaleza abstracta o concreta este ámbito de control de constitucionalidad, y como consecuencia de ello se declara la inconstitucionalidad total o parcial de la norma impugnada, la sentencia constitucional emitida, tendrá un efecto abrogatorio o derogatorio, según la inconstitucionalidad sea total o parcial.
- En base a lo señalado, en caso de haber sido una norma abrogada o derogada como consecuencia del ejercicio del control normativo de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional Plurinacional, para todos aquellos supuestos de activaciones ulteriores de este ámbito de control de constitucionalidad, no podrá ejercer sus roles, por no estar la normativa vigente en el tiempo, por tanto, en estas circunstancias, deberá declararse la improcedencia de las posibles acciones de inconstitucionalidad presentadas con posterioridad.
- III.4. Descripción de la SCP 2055/2012. Razonamiento del fallo y efectos constitucionales
- el estado de inocencia del encausado o procesado debe permanecer incólume hasta que se declare su culpabilidad o responsabilidad mediante sentencia judicial firme; en cuyo mérito la suspensión temporal a imponerse como emergencia de la acusación formal, constituye una sanción anticipada fundada en la presunción de culpabilidad del encausado, que quebranta ese estado de inocencia que debe ser precautelado como principio rector inquebrantable
- duración que puede prolongarse de manera indefinida ocasionando un estado de indefinición jurídica desproporcionada e irrazonable al mantener la suspensión temporal por tiempo indeterminado hasta que se sustancie el juicio y se pronuncie sentencia, por lo mismo, con pérdida del periodo por el cual el servidor público fue elegido para cumplir con su mandato, máxime si la duración máxima de los procesos penales por mandato de lo previsto en el art. 133 del CPP es de tres años, término que per se en su relación con el ejercicio de los derechos políticos reconocidos constitucionalmente resulta lesivo, por ende, contrapuesto a los postulados del Estado Constitucional de Derecho.
- la obligación de garantizar como medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos.
- la SCP 2055/2012, en el numeral décimo tercero de su parte dispositiva, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 144, 145 y 146 de la LMAD, razón por la cual, como consecuencia de la activación del control normativo de constitucionalidad a través del recurso de inconstitucionalidad abstracto, presentado el 19 de diciembre de 2011, por Centa Lothy Rek López y Germán Antelo Vaca, en su calidad de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dichas disposiciones fueron derogadas del orden normativo imperante.
- III.5. Análisis de las normas cuestionadas mediante la presente acción abstracta de inconstitucionalidad
- IMPROCEDENCIA