SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1187/2013-L
Fecha: 04-Oct-2013
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 1 de junio de 2010, cuando se presentó a su fuente laboral en el Hospital Municipal de El Torno, en su lugar había otra persona quién fue nombrada en su cuenta; ese mismo día, le entregaron su memorando de despido, ante tal situación, quiso contactarse con el responsable de Recursos Humanos (RR.HH.) del señalado Hospital, sin tener éxito; por lo que, interpuso denuncia ante la Jefatura Departamental de Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, quienes citaron a los funcionarios responsables del municipio del Torno sin tener resultado, puesto que hicieron caso omiso luego cuando fueron conminados a su reincorporación, presentaron una carta respaldando su accionar, manifestando que su despido no era de su competencia, puesto que él era funcionario público, estando su cargo sujeto a lo dispuesto en los arts. 44 y 59 de la Ley de Municipalidades (LM), aclarando que los citados artículos se refieren a oficiales mayores, asesores personales y personal administrativo de la Alcaldía Municipal, no encuadrándose a su cargo, ya que el mismo no es uno de confianza o de libre nombramiento, no obstante del reconocimiento de sus antijurídicas acciones, la precitada Jefatura Departamental, emitió la Resolución Administrativa (RA) 076/2010 de 2 de septiembre, la cual nunca quisieron recibir en el Despacho del Alcalde, motivo por el cual interpuso demanda laboral que fue rechazada.
- Fragmento 1
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- 1)
- i)
- denegó
- Fragmento 6
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- está instituida por mandato constitucional, como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos fundamentales y garantías constitucionales.
- III.2.
- Al respecto la jurisprudencia constitucional, estableció de manera reiterada que este medio de tutela, se encuentra regido por: 'El principio de inmediatez, entendido como el requisito de solicitar la tutela en forma pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias, implica que, una vez que se opere la vulneración del derecho y se agoten las vías legales ordinarias se debe acudir inmediatamente a la justicia constitucional en busca de la tutela; así lo establece el art. 129.II de la CPE, al señalar que: «La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial»; así la doctrina constitucional con referencia al principio de inmediatez en la interposición de esta acción tutelar, señaló que el mismo se justifica por que la jurisdicción constitucional no puede estar de manera indefinida a merced de la voluntad desidiosa del supuesto agraviado, por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos, por su propio interés debe ser diligente, acudiendo sin ningún tipo de espera, en busca de la protección a los mismos. De tal manera que una actuación desidiosa o negligente en causa propia, definitivamente conlleva una consecuencia jurídica, que es la extemporaneidad'
- Ahora bien, se debe entender que: '…el principio de inmediatez no importa la utilización discontinua o esporádica de los medios y recursos previos a la interposición del amparo, pues los reclamos deben ser interpuestos ante la instancia ordinaria o administrativa competente oportunamente, debiendo el agraviado por la lesión, hacer el seguimiento respectivo de su reclamo hasta agotar todas las instancias en el tiempo razonable, y para el caso de no obtener respuesta ni la cesación de la vulneración podrá acudir en el plazo de seis meses ante la jurisdicción constitucional a fin de que se compulse la amenaza, restricción o supresión al derecho fundamental. Este razonamiento, resulta lógico, puesto que responde no sólo al principio de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección'
- dado que: '…cuando se reclama ante instancias no competentes o por medios no idóneos, éstos no pueden interrumpir el plazo de seis meses de caducidad del recurso de amparo, ya que al no ser mecanismos legales, no pueden generar una consecuencia jurídica habilitante para impedir la prescripción del derecho a acceder a dicho recurso; en tal sentido, sólo las vías legales e idóneas interrumpen el plazo de seis meses determinado como máximo para acceder al recurso de amparo constitucional'
- 1. El cómputo del plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo, es desde la notificación con la resolución o auto de vista que agota la vía, dado que ha sido el último actuado idóneo. Sin considerar los recursos, incidentes u otros medios no previstos por ley, o presentados extemporáneamente, aún en los casos de equivocación o error en su presentación, los cuales se consideran inidóneos”
- III.3. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR