SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1187/2013-L
Fecha: 04-Oct-2013
III.3. Análisis del caso concreto
De la revisión de los antecedentes adjuntos a la presente acción, se constató que el Alcalde Municipal de El Torno, dio carta de agradecimiento al accionante el 1 de junio de 2010; por lo que, éste acudió a la Jefatura Departamental del Trabajo, quien emitió la RA 076/2010 de 2 de septiembre, con la que conminó al ejecutivo municipal, para la reincorporación de Víctor Díaz Sandoval a su fuente laboral, intentando notificarlo al día siguiente, oportunidad en la que su Secretaria rehusó recibir la misma, no dando cumplimiento a lo dispuesto.
De lo precedentemente señalado, se advierte que la RA 076/2010, fue emitida el 2 de septiembre y al día siguiente se intentó notificar con la misma al Alcalde del municipio de El Torno, negándose la Secretaria a recibirla, como se podrá advertir en la conclusión II.4; fecha desde la cual, se inicia el cómputo de los seis meses para la interposición de ésta acción tutelar, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; realizada ésta, hasta el 1 de junio de 2011, fecha de presentación de la acción de amparo constitucional, transcurrieron casi nueve meses; por lo que, se encuentra fuera de plazo y por tanto vulnera el principio de inmediatez; toda vez que, la demanda presentada ante el Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social, no interrumpe el plazo para la interposición de la presente acción, habida cuenta, que no era el medio idóneo para solicitar el cumplimiento de la conminatoria, si bien recurrió a esa instancia, la finalidad fue resolver la cuestión de sus beneficios sociales y no así el cumplimiento de la conminatoria; motivo por el cual, no se puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
- Fragmento 1
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- 1)
- i)
- denegó
- Fragmento 6
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- está instituida por mandato constitucional, como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos fundamentales y garantías constitucionales.
- III.2.
- Al respecto la jurisprudencia constitucional, estableció de manera reiterada que este medio de tutela, se encuentra regido por: 'El principio de inmediatez, entendido como el requisito de solicitar la tutela en forma pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias, implica que, una vez que se opere la vulneración del derecho y se agoten las vías legales ordinarias se debe acudir inmediatamente a la justicia constitucional en busca de la tutela; así lo establece el art. 129.II de la CPE, al señalar que: «La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial»; así la doctrina constitucional con referencia al principio de inmediatez en la interposición de esta acción tutelar, señaló que el mismo se justifica por que la jurisdicción constitucional no puede estar de manera indefinida a merced de la voluntad desidiosa del supuesto agraviado, por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos, por su propio interés debe ser diligente, acudiendo sin ningún tipo de espera, en busca de la protección a los mismos. De tal manera que una actuación desidiosa o negligente en causa propia, definitivamente conlleva una consecuencia jurídica, que es la extemporaneidad'
- Ahora bien, se debe entender que: '…el principio de inmediatez no importa la utilización discontinua o esporádica de los medios y recursos previos a la interposición del amparo, pues los reclamos deben ser interpuestos ante la instancia ordinaria o administrativa competente oportunamente, debiendo el agraviado por la lesión, hacer el seguimiento respectivo de su reclamo hasta agotar todas las instancias en el tiempo razonable, y para el caso de no obtener respuesta ni la cesación de la vulneración podrá acudir en el plazo de seis meses ante la jurisdicción constitucional a fin de que se compulse la amenaza, restricción o supresión al derecho fundamental. Este razonamiento, resulta lógico, puesto que responde no sólo al principio de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección'
- dado que: '…cuando se reclama ante instancias no competentes o por medios no idóneos, éstos no pueden interrumpir el plazo de seis meses de caducidad del recurso de amparo, ya que al no ser mecanismos legales, no pueden generar una consecuencia jurídica habilitante para impedir la prescripción del derecho a acceder a dicho recurso; en tal sentido, sólo las vías legales e idóneas interrumpen el plazo de seis meses determinado como máximo para acceder al recurso de amparo constitucional'
- 1. El cómputo del plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo, es desde la notificación con la resolución o auto de vista que agota la vía, dado que ha sido el último actuado idóneo. Sin considerar los recursos, incidentes u otros medios no previstos por ley, o presentados extemporáneamente, aún en los casos de equivocación o error en su presentación, los cuales se consideran inidóneos”
- III.3. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR