SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1205/2013-L
Fecha: 04-Oct-2013
III.4. Análisis del caso concreto
La accionante señaló la vulneración de su derecho al debido proceso, la “seguridad jurídica” y la falta de fundamentación y motivación en las resoluciones judiciales, solicitando se declare la nulidad del Auto de Vista de 12 de enero de 2011, ordenando se dicte una nueva resolución debidamente fundamentada y ajustada a los puntos apelados en observancia al debido proceso. Toda vez, que la accionante como resultado de una demanda de interdicto de retener la posesión dirigida en su contra, acudió a la acción tutelar del amparo constitucional en resguardo de la garantía del debido proceso. En ese entendido y considerando que la presente acción tiene como finalidad la protección de derechos y garantías constitucionales de las personas, la determinación de las autoridades jurisdiccionales, resulta lesiva al debido proceso, cuyo contenido esta previsto en el art. 115.I de la CPE, que sostiene “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, conforme a la SCP 1123/2012 citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.3. Intervención de los terceros interesados
- concedió
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- El cumplimiento de deberes, que exige nuestro ordenamiento jurídico, en particular a los jueces y tribunales de apelación y/o casación, radica en la noción de control en razón de la falibilidad humana, siendo así que en aras de un debido proceso, nuestro ordenamiento jurídico no concibe la existencia de ningún acto o resolución judicial, que no pueda ser impugnado, entendimiento armonizado con lo previsto por el art. 180.II de la CPE, que taxativamente prevé: 'se garantiza el sistema de impugnación en los procesos judiciales'
- II. En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse, sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos
- III.3. De la motivación y fundamentación como elementos constitutivos del debido proceso y como requisitos de validez de las decisiones judiciales
- La fundamentación implica explicar las razones jurídicas de la decisión judicial, es decir, la cita a las normas jurídicas (Constitución Política del Estado, normas del bloque de constitucionalidad, leyes, etc., así como jurisprudencia constitucional y ordinaria) que son aplicables al caso; en tanto que la motivación consiste en establecer los motivos concretos de porqué el caso analizado se subsume en dichos fundamentos jurídicos, pudiendo intervenir en el análisis inclusive motivos de índole cultural, social, axiológico, entre otros, que guiaron a la autoridad judicial a tomar una decisión de una determinada forma .
- el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión'.
- III.4. Análisis del caso concreto
- i)
- CONFIRMAR