En revisión la Resolución 248/2012 de 18 de diciembre, cursante de fs. 134 a 140, pronunciada dentro de la
Fecha: 17-Mar-2013
1)
Moisés Rosendo Torres Chive y William Marcelo Solís Valencia, Alcalde Municipal y Autoridad Sumariante, respectivamente, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, mediante informe verbal en audiencia pública, señalaron lo siguiente: 1) La competencia o no de la Autoridad Sumariante no debe ser tomado en cuenta dentro de la presente acción de amparo constitucional, sino a través del recurso directo de nulidad; 2) El 23 de febrero de 2012, la Autoridad Sumariante renunció a su cargo y la que se encontraba en suplencia legal asumió dicha obligación, asimismo si no tenía competencia la citada autoridad por qué se presentó a declarar la accionante y presentó recursos de revocatoria y jerárquico, dando con su actuar consentimiento a los actos de la autoridad hoy cuestionada; 3) La Autoridad Sumariante no actuó fuera del plazo establecido por ley, los actuados se llevan adelante desde la última notificación, la misma que fue a partir del 12 de marzo de 2012; además, que para iniciar el proceso interno ésta tiene que munirse de información para no vulnerar el debido proceso y por eso solicitó documentación de la Jefatura de RR.HH.; 4) Las pruebas presentadas fueron valoradas en su oportunidad por la Autoridad Sumariante y de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, éstas no pueden ser valoradas nuevamente por el Tribunal de garantías ya que no es una instancia casacional; 5) Habiendo sido instaurado el proceso administrativo por inasistencia de la accionante a su fuente laboral, mediante el registro biométrico del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre se demostró que la accionante sólo asistió a trabajar hasta el 30 de diciembre del 2011; 6) Todo funcionario tiene la obligación de realizar la declaración jurada de bienes al momento de tomar posesión o relación laboral con el referido Gobierno Autónomo Municipal y la accionante recién lo hizo el 22 de marzo de 2012, entonces la que ha vulnerado normas legales es precisamente Ignacia Marci Huarachi; 7) De acuerdo a la planilla de salarios se canceló a la accionante hasta el mes de mayo de 2012; 8) Si se restituye la accionante a su fuente laboral se estaría incurriendo en actos ilegales -incompatibilidad- porque su hermana Daniela Marci Huarachi trabaja también en la citada institución, recordando además que la accionante no tiene ítem sino sólo contrato a plazo fijo; y, 9) La lactancia de la que se habla no fue acreditada ni ha sido puesta en conocimiento de la entidad por la accionante, por lo que no debe ser tomado en cuenta en esta audiencia.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.1.3. Petitorio
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- 1)
- concedió parcialmente
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9
- II.10.
- II.11
- II.12.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- …el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar
- 'La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes'.
- Fragmento 23
- Resumiendo, podemos decir que el debido proceso ha sufrido una transformación de un concepto abstracto que perseguía la perfección de los procedimientos, es decir que daba preeminencia a la justicia formal, a un ideal moderno que destaca su rol como única garantía fundamental para la protección de los derechos humanos. El debido proceso constitucional no se concreta en las afirmaciones positivizadas en normas legales codificadas, sino que se proyecta hacia los derechos, hacia los deberes jurisdiccionales que se han de preservar con la aspiración de conseguir un orden objetivo más justo, es decir, el debido proceso es el derecho a la justicia lograda a partir de un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaban a una simple cobertura del derecho a la defensa en un proceso
- el debido proceso, consagrado en el texto constitucional en una triple dimensión, en los arts. 115.II y 117.I como garantía, en el art. 137 como derecho fundamental y en el art. 180 como principio procesal; y, en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), como derecho humano
- este derecho fundamental no se satisface solamente con el cumplimiento mecánico de las reglas formales, sino que tiene una naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es importante el tratar de que se logre el objetivo de llevar adelante un proceso sea este administrativo o judicial- sin errores formales, es aun más importante, si cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en otras palabras, velar por la justicia material.
- Este entendimiento consiste básicamente en el papel que debe desempeñar el juez o del tribunal colegiado que tiene por especial misión el administrar la jurisdicción constitucional, dentro de su tarea de velar por la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado, por lo que tendrá casos especiales en los que se tendrán que evaluar el cumplimiento del debido proceso formal y material, en los que posiblemente, los hechos denunciados se acomoden dentro de las leyes y estatutos que normen este tipo de situaciones, es decir, que las autoridades demandadas hayan cumplido con la normativa aplicable al caso, entonces nos encontramos con un debido proceso formal, sin embargo, si del análisis se establece que dicha normativa es de por si restrictiva de los derechos de defensa, o vulnere la seguridad jurídica de la administración de justicia y de los propios accionantes, entonces el juzgador deberá conceder la tutela precautelando sobre todo el orden justo y el debido proceso material”
- La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad
- la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo
- III.4. Sobre la valoración de la prueba
- Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales
- III.5. Análisis del caso concreto
- conceder parcialmente
- CONFIRMAR