AUTO CONSTITUCIONAL 0069/2013-RCA

Mediante memorial presentado el 30 de enero de 2013, cursante de fs. 69 a 72 vta., los accionantes refieren que, sobre los predios de sus inmuebles existen dos presuntos propietarios que según el plano emitido por el Instituto Geográfico Militar tienen posesión, empero existe duda sobre la licitud sobre la inscripción de ambos en Derechos Reales (DD.RR.), situación que ocasiona conflictos en dichos predios.

Indican que, los presuntos propietarios Alberto Gómez Salazar y Alcides Pizarro Moreno, tienen inscrito sus derechos de propiedad en las oficinas de DDRR de 16 de agosto de 1994 y 24 de enero de 2012, respectivamente; ambos con las mismas coordenadas y con un plano de ubicación como bien rústico; no obstante, ninguno cuenta con el plano aprobado por el Plan Regulador, lo que denota que ambos pretenden obtener beneficios propios a costa del sufrimiento y años de vivienda de los vecinos, ya que habitan más de mil familias por más de ocho años teniendo servicios básicos, mercado, áreas verdes; además, de una escuela construida por los mismos vecinos desde 2004, la misma que cuenta con ítems emitidos por el Servicio Departamental de Educación (SEDUCA).

Agregan que, Alberto Gómez Salazar formuló una acción de amparo constitucional “contra presuntos poseedores” cuya audiencia se efectuó el 1 de septiembre de 2011, y fundamentó que “los de ese entonces” (sic) se encontraban avasallando sus predios, ocasionando destrozos, e interrumpiendo su supuesta posesión pacífica, alegando su derecho propietario; sin embargo, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declara improcedente la acción de amparo por existir otros procesos ordinarios.

Finalizan señalando que, Alberto Gómez Salazar, a la fecha está realizando trámite de registro topográfico, mismo que fue observado por tener sobre posesión y que los predios se encuentran con asentamientos humanos, por lo que los ahora accionantes, afirman que se apersonaron a las oficinas de la Oficial Mayor de Planificación del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, solicitando la paralización de dicho trámite hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el “recurso que interpuso”, lo contrario significa una amenaza inminente ya que la observación que realiza el Plan Regulador perjudicaría a todas las familias, atentando los derechos inalienables de la colectividad.