SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0211/2013-L
Fecha: 08-Abr-2013
a)
El representante del Ministerio Público, presentó informe en audiencia manifestando lo siguiente: a) Conforme establece la cláusula vigésima primera, numeral 3 del contrato de obra, se tiene que la carta de intención de resolución de contrato que ha sido enviada por el Gobierno Municipal Autónomo a la empresa contratista, refiere de manera clara las causales para la resolución; la carta de 15 de noviembre de 2010, identificó dos de ellas, que la Empresa tenía quince días para enmendar esas falencias presentadas hasta ese momento y el plazo era netamente para la empresa contratista; el Gobierno Municipal no tenía que efectuar ninguna actividad, vencido el plazo podía continuar con la tramitación de la resolución, lo que efectivamente ocurrió, puede que se trate un día o dos, en el presente caso, se demoró noventa y nueve días, con este antecedente el Gobierno Municipal envió a la empresa la carta con la que hizo conocer la Resolución definitiva del contrato; y, b) En esa resolución, existe un error por parte del municipio; toda vez que, al manifestar que sólo habían dos causales aumentan dos más de manera ilegítima, al no haber comunicado en su momento causan una indefensión a la empresa contratista, ya que pudo asumir defensa, como no tuvo conocimiento de los otros incisos incumplidos no tuvo la oportunidad de defenderse, situación que tampoco fue respondida en los recursos planteados, extremos que vulneran el derecho al debido proceso.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- “procedente”
- 1)
- i)
- a)
- denegó
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.1.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- está instituida por mandato constitucional, como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos fundamentales y garantías constitucionales.
- III.2. En cuanto el derecho al debido proceso
- las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores…'
- Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a
- cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas'.
- III.4. Análisis del caso concreto
- 1° REVOCAR
- 2° Disponer