SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0481/2013
Fecha: 12-Abr-2013
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0481/2013
Sucre, 12 de abril de 2013
SALA TERCERA
Magistrada Relatora: Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños
Acción de amparo constitucional
Expediente: 01697-2012-04-AAC
Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 260/12 de 29 de noviembre de 2012, cursante de fs. 465 a 468 vta., dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Jaime Barrón Poveda contra Offman Alfredo Padilla Blacutt y Mario Moya Velásquez, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal de Padilla del departamento de Chuquisaca.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 10 de septiembre de 2012, cursante de fs. 359 a 365 vta., el accionante, manifestó:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal que se le sigue por los hechos del 24 de mayo de 2008, al desintegrarse el Tribunal Primero de Sentencia Penal, se remitieron actuados al “Tribunal No 2”, del cual se excusó el Juez Héctor Andia Colque mediante auto 33/2012 de 15 de junio, pero sin que exista ninguna notificación el proceso fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal de Padilla.
A ese efecto presentó un memorial acreditando no concurrir ninguna de las causales de excusa, por cuanto dicha autoridad ya conoció la causa y no alegó causal alguna en su momento; además, no consideraron que el coprocesado fue apartado del proceso penal; sin embargo, las autoridades ahora demandadas dictaron el Auto interlocutorio definitivo 9/2012 de 22 de junio, declarando legal la excusa.
Agrega que se le privó de conocer las emergencias del proceso como la forma de tramitación de la excusa, las respectivas remisiones a los Tribunales de Padilla y Monteagudo, y devolución del caso al primero indicado; además de no habérsele respondido un memorial que observa la excusa del Juez Héctor Andia Colque.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
El accionante, considera vulnerados sus derechos al juez natural, a la petición, al debido proceso y a la defensa, citando al efecto los arts. 24 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se deje sin efecto el Auto 009/2012 de 22 de junio, declarándose ilegal la excusa de Héctor Andia Colque, Juez Técnico del Tribunal Segundo de Sentencia Penal.
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
Celebrada la audiencia pública el 29 de noviembre de 2012, según consta en el acta cursante de fs. 463 a 464, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
La parte accionante ratifico íntegramente la acción de amparo constitucional interpuesta.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Las autoridades demandadas, informaron lo siguiente: a) El accionante no interpuso incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa ante el Tribunal en pleno; b) Para conocer el memorial de 18 de junio presentado por el accionante, previamente se debía resolver la excusa, pues para admitir su personería el Tribunal previamente debería haber radicado la causa; c) La notificación debieron ser reclamadas en su oportunidad ante el Juez competente; y, d) No es ilegal la determinación de la excusa del Juez Héctor Andia Colque, consta prueba que la denuncia interpuesta contra su autoridad habría sido conocida el 31 de marzo de 2011, después de dictarse el Auto 17/2011 de 4 de febrero.
I.2.3. Resolución
Mediante Resolución 260/12 de 29 de noviembre de 2012, cursante de fs. 465 a 468 vta., la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituido en Tribunal de garantías, denegó la tutela solicitada, en base de los siguientes argumentos: 1) El Tribunal de garantías no tiene competencia para revisar la prueba producida en la jurisdicción ordinaria y menos controlar la “interpretación normativa”; y, 2) No cumplió con el principio de subsidiaridad, siendo que el fallo podía ser apelado, y tampoco presentó el incidente de actividad procesal defectuosa.
Habiéndose procedido al sorteo de la presente causa en 23 de enero de 2013, y en consideración que los datos contenidos en el expediente no eran suficientes para sustentar el fallo, mediante decreto de 21 de febrero del presente año, se solicitó la remisión de documentación al Presidente del Tribunal de Sentencia de Padilla del departamento de Chuquisaca, así como se dispuso la suspensión del plazo establecido para dictar resolución; recibida la documentación requerida y notificada, se dispuso el reinicio del cómputo de la presente Sentencia.
No habiéndose encontrado consenso en Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la LTCP, se procedió a convocar al Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional a fin de dirimir con su voto el caso en análisis, por lo que el pronunciamiento de la Sentencia se encuentra dentro de plazo.
II. CONCLUSIONES
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Debido a la desintegración de los miembros del Tribunal que sustanciaba el proceso, por Auto 33/2012 de 15 de junio, Héctor Andia Colque, Juez Técnico del Tribunal Segundo de Sentencia Penal, se excusó del conocimiento del proceso, disponiendo la remisión de obrados ante el Tribunal de Sentencia Penal de Padilla (fs. 123 vta.).
II.2. Cursa nota de remisión de cuaderno procesal por excusa, recibida el 16 de junio de 2012 en el Tribunal de Sentencia Penal de Padilla (fs. 124).
II.3. Por memorial de 19 de junio de 2012, dirigido a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal de Padilla, el accionante solicitó el saneamiento procesal por ilegal trámite de excusa y “2. Hace conocer y pide declaratoria de ilegalidad de excusa” (fs. 127 a 129).
II.4. Mediante Auto 009/2012 de 22 de junio, el Tribunal de Sentencia de Padilla, aceptó la excusa de Héctor Andia Colque, Juez Técnico del Tribunal Segundo de Sentencia de Sucre (fs. 130 a 131 vta.).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
El accionante, considera vulnerados sus derechos al juez natural, a la petición, al debido proceso y a la defensa, siendo que, las autoridades demandadas declararon legal la excusa del Juez Héctor Andia Colque, sin la concurrencia de causal alguna para la misma, pese a que la persona con la que tuviere conflicto que comprometería su imparcialidad fue declarado rebelde; además, omitieron su petición de observación de excusa y se les privó de conocer las emergencias del proceso.
En consecuencia, corresponde analizar, si en el presente caso, se debe conceder o denegar la problemática planteada.
III.1.La acción de amparo constitucional.
Con referencia a la configuración constitucional de la acción de amparo constitucional, la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, señaló que: “El orden constitucional boliviano, dentro de las acciones de defensa, instituye en el art. 128 la acción de amparo constitucional como un mecanismo de defensa que tendrá lugar contra los 'actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley'.
Del contenido del texto constitucional de referencia, puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección.
En este contexto, el amparo constitucional boliviano en su dimensión procesal, se encuentra concebido como una acción que otorga a la persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.
El término de acción no debe ser entendido como un simple cambio de nomenclatura, que no incide en su naturaleza jurídica, pues se trata de una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, y dada su configuración, el amparo constitucional se constituye en un proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales con una causa distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos fundamentales a raíz de actos y omisiones ilegales o indebidos con un régimen jurídico procesal propio.
En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva.
Finalmente cabe señalar, que dentro de los principios procesales configuradores del amparo constitucional, el constituyente resalta la inmediatez y subsidiariedad al señalar en el parágrafo I del art. 129 de la CPE, que esta acción '(…) se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados'.
Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela”.
III.2. Principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional
El amparo Constitucional es una acción de naturaleza subsidiaria; lo que implica que no forma parte de los recursos o medios de impugnación previstos por la legislación procesal ordinaria.
Eduardo Cifuentes, establece que “la acción de tutela, en primer término, es procedente si el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial. Desde ese punto de vista, la acción tiene carácter subsidiario” .
En ese sentido, el art. 128 de la CPE, instituye los alcances y la finalidad de la acción de amparo constitucional cuando establece que: “…tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.
Por su parte, el art. 129.I de la CPE, dispone que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.
Así, el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece: “La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”.
La jurisprudencia desarrollada por este Tribunal mediante la SCP 0560/2012 de 20 de julio, citando la SC 1273/2010-R de 13 de septiembre, emitida por el exánime Tribunal Constitucional, determinó que: “…la acción tutelar citada supra: '…se encuentra regida por el principio de la subsidiariedad; y por lo tanto, corresponde al accionante demostrar la inexistencia de instancia o vía a la que pueda acudir para hacer valer sus derechos y garantías constitucionales considerados como restringidos con el objeto de que los mismos le sean restituidos, o en su caso, demostrar que agotó esas instancias sin que se hubiese reparado la lesión a sus derechos, caso contrario, la jurisdicción constitucional deberá declarar la improcedencia del amparo sin entrar al análisis de fondo de la problemática planteada, puesto que de hacerlo se estaría desnaturalizando el carácter subsidiario de esta acción tutelar suplantando la vía ordinaria o administrativa de la cual pudiese hacer uso el accionante, y subsanando además la negligencia en la que pudiese haber incurrido la parte actora de no hacer uso de las vías que la ley le otorga' .
Dicho de otro modo, para que proceda la acción extraordinaria de amparo constitucional: «...el recurrente debe utilizar cuanto recurso le franquee la ley, sea ante la autoridad o persona que lesionó su derecho o ante la instancia superior a la misma en caso que se trate de autoridad y, en el caso de particulares, acudir ante la autoridad que conforme a la naturaleza del acto ilegal u omisión indebida le pueda otorgar protección inmediata, y sólo se concederá el amparo, no obstante la existencia de otras vías, cuando las mismas resulten ineficaces para la defensa de los derechos, excepción que dependerá de la problemática planteada…» (0643/2006-R de 4 de julio)' .
'En coherencia con lo señalado precedentemente, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, determinó las siguientes reglas y subreglas de improcedencia del recurso de amparo constitucional por subsidiariedad cuando: «…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiariedad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución».
Finalmente conviene recordar que además de inferirse la naturaleza subsidiaria del amparo, también se concluye que este recurso no es un medio paralelo o alternativo de protección de derechos, en ese sentido la SC 1503/2004-R de 21 de septiembre, sostiene: «…el Tribunal Constitucional ha establecido que la jurisdicción constitucional no puede operar como un mecanismo de protección paralelo a los medios de defensa judicial o administrativos que la Ley dispensa a los ciudadanos dentro de los procesos judiciales; en este contexto, el art. 19.IV de la CPE establece que se: '(...) concederá el amparo siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados...', formulación general que se precisó en el art. 96.3 de la LTC que dispone: «El Recurso de Amparo no procederá contra las resoluciones judiciales que por cualquier otro recurso puedan ser modificadas o suprimidas aún cuando no se haya hecho uso oportuno de dicho recurso». De donde se desprende que la acción de amparo constitucional es un instrumento subsidiario y supletorio en la protección de los derechos fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotaron las vías ordinarias de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria, salvo que la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales ocasione perjuicio irremediable e irreparable'” (las negrillas son agregadas).
III.3. Análisis del caso concreto
El accionante, considera vulnerados sus derechos, siendo que: i) las autoridades demandadas declararon legal la excusa del juez Héctor Andia Colque, sin la concurrencia de causal alguna para la misma, pese de que la persona con la que tuviere conflicto que comprometería su imparcialidad fue declarado rebelde; ii) omitieron su petición de observación de excusa; y, iii) se les privó de conocer las emergencias del proceso.
Identificado los puntos objetos de la presente acción tutelar, previamente aclarar que conforme a la causalidad que debe existir entre los hechos alegados, lo derechos y el petitium, se ingresará al fondo de la problemática considerando para el efecto la pretensión del accionante cuyo petitorio es dejar sin efecto el Auto 009/2012.
En este sentido se alega que el referido Auto es ilegal toda vez que no subsana o corrige la actuación del Juez Andia quien debió excusarse en el primer momento de conocido el proceso; sin embargo, según informan los datos del proceso, efectivamente el Juez conoció la denuncia recién el 31 de marzo de 2011, o sea, después de haber dictado el Auto 17/2011 de 4 de febrero de ese año, lo que claramente desvirtúa la alegación de la parte accionante, denotando así que la actuación del Juez no contraviene ningún principio constitucional, menos los derechos que ahora se alega como vulnerados.
Asimismo, el hecho de que al imputado se lo declare rebelde, no importa que el Juez no tenga que excusarse conforme a procedimiento; además de no estar establecido en el Código de Procedimiento Penal ni en las leyes modificatorias, una situación de excepción; pues el imputado o procesado declarado rebelde, puede perder esa calidad cuando decida someterse al proceso; en este sentido, al respecto no existe vulneración alguna.
Consiguientemente, ninguna norma establece que cuando el imputado o procesado es declarado rebelde, el Juez no tenga que cumplir con el deber de excusarse, pues no es un requisito de improcedencia sino más bien garantiza la imparcialidad que debe tener todo proceso penal, más aun, tratándose de un juicio oral y público el cual debe estar impregnado de principios dentro de un debido proceso.
Sobre los aspectos contenidos en el memorial de 19 de junio de 2012 dirigido al Tribunal de Sentencia Penal de Padilla que a decir del accionante no fueron compulsados, se tiene que al emitirse el Auto 009/2012, el referido Tribunal de Sentencia Penal, se sostuvo que: ”En cuanto al memorial de fecha 19 de junio del año en curso, presentado por Jaime Barrón Poveda, no se lo considera, toda vez que el Tribunal no ha radicado la causa y no tiene competencia para resolver la petición planteada” y posteriormente el mismo fue considerado por decreto de 29 de junio de 2012 estableciéndose: “Al primero Fs. 3735-3737 puntos 1 y 2: Estése al Auto 25/2012 de fecha 22 de junio de 20012 cursante a fs. 3738-3739 del cuaderno procesal…”; pronunciamiento que no fue impugnado conforme prevé la norma especial, situación que imposibilita a este Tribunal, ingresar al fondo la problemática al no haberse cumplido con los requisitos previstos en los Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por lo que, ni siquiera corresponde ingresar a revisar la interpretación de la legalidad ordinaria.
Sobre la falta de notificaciones que le privaron conocer las emergencias del proceso, según se evidencia de los datos que informan el proceso, no es evidente toda vez que el procesado conoció de todos los actuados y que los fines de dichos actuados cumplieron su finalidad; además de que si consideraba que alguna omisión afectaba sus derechos fundamentales y le causaba perjuicio conforme prevé el art. 167 del CPP en su segundo párrafo; debió activar el incidente de actividad procesal defectuosa ante el Tribunal competente, denunciando en su oportunidad -la falta de conocimiento de los actuados por defectos absolutos- conforme establece el art. 163 inc.3) del cuerpo legal citado. Por lo que, al no haberse procedido así y haber activado directamente la jurisdicción constitucional, pretendiendo desnaturalizar la presente acción tutelar, corresponde denegar la tutela, sin realizar mayores consideraciones.
En consecuencia el Tribunal de garantías al denegar la acción tutelar, ha actuado correctamente.
POR TANTO
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 260/12 de 29 de noviembre de 2012, cursante de fs. 465 a 468 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Se hace constar que la Magistrada, Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez, primera relatora, es de voto disidente.
Fdo. Dr. Ruddy José Flores Monterrey
PRESIDENTE
Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños
MAGISTRADA
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional