SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0409/2013-L

Cursa en el cuaderno procesal el certificado de incapacidad temporal, emitido por la CNS, correspondiente a Noelia Mabel Flores del Castillo, en el que se advierte que la incapacidad temporal se encontraba comprendida entre el 22 de enero hasta el 7 de marzo de 2011, sin embargo Franz Vélez Marubay, Director de Recursos Humanos, no consideró que la trabajadora se encontraba gozando del beneficio posnatal, es así que el 10 de febrero de 2011, emitió el memorando por el que se le hizo saber el cese de sus funciones por abandono de las mismas; empero, dicho memorando fue extendido cuando la ahora accionante se encontraba en recuperación, bajo el beneficio posnatal. Consecuentemente, con este hecho se afectó el derecho al trabajo vulnerándose el art. 46.I.1 de la Norma Suprema que establece: Toda persona tiene derecho: “Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que se asegure para si y su familia una existencia digna”.

Consiguientemente se puede establecer la transgresión del art. 48.VI de la CPE, que a la letra dice: “Las mujeres no podrán ser discriminadas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores hasta que la hija o hijo cumpla un año de edad”.

De lo señalado, se establece que las autoridades demandadas al haber emitido el memorando D.RR.HH 18/2011 de 10 de febrero, de  agradecimiento de servicios, motivado por el supuesto abandono de funciones cesaron a la accionante de su fuente laboral cuando aún gozaba de baja médica postnatal; como efecto jurídico de dicha determinación dejó de ser funcionaria a partir de ese momento; sin embargo, es necesario hacer constar que en audiencia de amparo constitucional el Director de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, señaló que el referido memorado se dejó sin efecto por encontrarse con baja médica postnatal, situación que no fue acreditada documentalmente, es decir, no consta en obrados, por tanto no existe antecedente alguno que avale lo señalado y que haya sido de conocimiento de la parte accionante, a efectos de su reincorporación a su fuente laboral, lo cierto y evidente es que a partir del 10 de febrero de 2011, por el memorando de agradecimiento de servicios la ahora accionante dejó de ser funcionaria del Gobierno Autónomo Departamental de Pando.

La accionante mediante nota de 16 de febrero del mismo año, remitió fotocopia de certificado de nacimiento y certificado de nacida viva de su hija, indicando al Director de Recurso Humanos, que se encontraba realizando los trámites de baja médica posnatal en la CNS, la que fue respondida mediante Cite: D.RR.HH 101/2011 de 24 de febrero, en el sentido de que su baja médica prenatal concluyó el 2 de febrero del año referido, y desde entonces no cursaba ninguna solicitud de permiso justificado, habiendo registrado en el sistema biométrico sus faltas, que de acuerdo al reglamento interno de personal ameritó el memorando 18/2011 de 10 de febrero, mismo con el que no se la pudo notificar; de lo relacionado, se advierte que la accionante hasta esa fecha no tenia conocimiento de su destitución, por otra parte, las autoridades demandadas no consideraron los antecedentes de su estado de embarazo, la baja prenatal y la consiguiente baja postnatal.

Posteriormente, mediante memorial de 20 de mayo de 2011, dirigido al Gobernador, la accionante solicitó la reincorporación a su fuente laboral señalando que fue despedida cuando aún se encontraba con baja médica, solicitud que no fue atendida por la señalada autoridad. En ese sentido, al no emitir una respuesta pronta y oportuna, ya sea en sentido afirmativo o negativo se vulneró su derecho a la petición contenido en el art. 24 de la CPE.

Con relación a la “seguridad jurídica”, que constituye un principio, no se encuentra dentro de la protección de la acción de amparo constitucional, respecto a la dignidad, corresponde señalar que en los actos administrativos pronunciados por las autoridades demandadas no se advierte términos que afecten la dignidad o decoro de la accionante.