SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0534/2013

La jurisprudencia constitucional al respecto, señaló: “Con relación a la celeridad procesal vinculada al derecho a la libertad, corresponde recordar que la SC 0900/2010-R de 10 de agosto, que retrotrayendo criterio jurisprudencial, afirma: '…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud'; o sea que, el principio de celeridad procesal, impone a quienes imparten justicia, actuar con diligencia despachando los asuntos sometidos a su conocimiento, sin dilaciones indebidas, exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, aún cuando no exista una norma que establezca un plazo mínimo” (SCP 1103/2012 de 6 de septiembre) (las negrillas son nuestras).

Por otra parte, respecto a la suspensión condicional de la pena el art. 366 del CPP, modificado por la Ley 004 de 31 marzo 2010, faculta al juez el disponer la suspensión condicional de la pena, previo cumplimiento de los numerales 1 y 2, “Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de duración” y “Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior por delito doloso, en los últimos cinco años”; en ese sentido, siendo un beneficio, su otorgación depende del comportamiento anterior y posterior al delito cometido tomando en cuenta los móviles o causas que haya inducido a su comisión, la naturaleza y modalidad del hecho, otorgando al juzgador la facultad de valorar los antecedentes del caso.

En ese contexto, en cuanto a la aplicación del principio de celeridad relacionados a la solicitud del beneficio de suspensión condicional de la pena, la jurisprudencia constitucional señaló: “…el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona (…) pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. (…) Bajo esta premisa fundamental, debe entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud.