Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
demandando la inconstitucionalidad dela Resolución Administrativa (RA) SSC-002/2008 de 7 de mayo, por ser presuntamente contraria al art. 123 de la Constitución Política del Estado.
Fecha: 10-Jun-2013
I.2. Precisión del objeto y la causa de la activación del control normativo de constitucionalidad en su faceta concreta
A través de la acción de inconstitucionalidad concreta resuelta mediante la SCP 0787/2013 de 10 de junio, se denunció la inconstitucionalidad del Artículo Primero de las Disposiciones Finales de la RA SSC-002/2008 de 7 de mayo, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Incorporación a la Carrera Administrativa, argumentándose que el 6 de abril de 2010, el Banco Central de Bolivia (BCB), en mérito a la referida disposición, solicitó la revisión extraordinaria de los procesos de incorporación a la carrera administrativa, mediante los cuales fueron incorporados los accionantes, supuestamente por no cumplir con los requisitos del título en provisión nacional exigidos, afectándose con esta normativa la garantía de irretroactividad de la norma expresamente establecida en el art. 123 de la CPE.
- Partes:
- I.1. Objeto del presente voto disidente y líneas argumentativas diferenciales
- I.2. Precisión del objeto y la causa de la activación del control normativo de constitucionalidad en su faceta concreta
- establecieron que el Estado Plurinacional de Bolivia, adoptó a partir de la Reforma Constitucional de 2009, un sistema jurisdiccional plural y concentrado de control de constitucionalidad.
- a)
- 1)
- II.2. Los roles del resguardo constitucional a través del control normativo de constitucionalidad en su faceta concreta
- el principio de congruencia y el deber de motivación de las sentencias constitucionales, inequívocamente se configuran como ejes procesales rectores en este tipo de procesos y son además, verdaderas garantías constitucionales para los ciudadanos, razón por la cual, toda sentencia constitucional a ser pronunciada en el ejercicio del control de constitucionalidad activado a través de la acción de inconstitucionalidad concreta, debe inequívocamente analizar de manera sistémica e integral todas las normas denunciadas como inconstitucionales en el contexto de los elementos factico-jurídicos expuestos por los accionantes, debiendo además de manera motivada realizar el test de constitucionalidad en el marco de contenidos constitucionales insertos en el Bloque de Constitucionalidad, para asegurar así una interpretación de la norma “desde y conforme a la Constitución”y evitar así decisiones arbitrarias contrarias al Estado Constitucional de Derecho.
- En el orden de ideas expuesto, sin duda el test de constitucionalidad a ser realizado en el marco del ejercicio del control normativo de constitucionalidad, está sujeto a parámetros mínimos de motivación, como ser la contrastación del precepto constitucional denunciado como vulnerado con la norma cuestionada a la luz de contenidos constitucionales específicos y pautas de interpretación que aseguren una real materialización del fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico, en resguardo pleno del Estado Constitucional de Derecho
- Además, es imperante destacar que en ciertos casos, con la finalidad de resguardar la plena eficacia del Bloque de Constitucionalidad, el ejercicio del control normativo de constitucionalidad, por conexitud podrá analizar incluso normativa que no haya sido expresamente denunciada, para lograr así una eficacia máxima tanto de los derechos fundamentales como del Bloque de Constitucionalidad imperante
- esta posibilidad está condicionada a la existencia de causales sobrevinientes conforme se advierte de los supuestos consignados en los incisos que viabilizan este recurso; teniendo además un término fatal de cinco años, para interponer el recurso, computable desde la fecha en que la resolución administrativa hubiera quedado firme”
- y sin realizar un análisis de la normativa cuestionada desde y conforme al principio de la garantía de irretroactividad,
- omite realizar un análisis motivado de la normativa cuestionada “desde y conforme al principio de la garantía de irretroactividad”.