SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0563/2013-L
Fecha: 28-Jun-2013
1)
La autoridad demandada, Cliver Hugo Rocha Rojo, en su condición de Director Ejecutivo de la ABT, por intermedio de sus abogados presentó informe escrito cursante de fs. 209 a 213, manifestando lo siguiente: 1) La extinta Superintendencia Agraria “aperturó” un proceso administrativo sancionatorio por quemas ilegales contra el accionante, en su condición de propietario del predio “JENECHERU”, imponiéndole una sanción mediante RA 188/2007, consistente en multas progresivas y acumulativas, que al no ser pagadas se incrementaron por segunda vez, dichos actos administrativos fueron conforme a las disposiciones contempladas en la Ley de Procedimiento Administrativo y el Decreto Supremo (DS) 26389 de 8 de noviembre de 2001, del Sistema de Regulación de Recursos Naturales (SIRENARE); 2) El 30 de noviembre de 2007, el accionante, se apersonó al proceso, interponiendo recurso de revocatoria dentro de término, emitiéndose la RA 066/2009, que confirmó la sanción impuesta por la RA SUPERINTENDENCIA AGRARIA 188/2007, notificación que se la realizó en Secretaría de la referida entidad el 6 de abril de 2009; 3) Debido al incumplimiento del pago de la multa, se produjo el primer incremento mediante Auto Administrativo DGGJ 456/2010, y el segundo mediante DGGJ N° 058/2011 de 23 de febrero; 4) Las notificaciones hasta ese momento, se las efectuó en el domicilio procesal constituido por Auto de 21 de enero de 2008, en dicha Secretaría, adicionalmente; y, con el objeto de dar mayor publicidad a los actos administrativos buscando garantizar el derecho a la defensa, se publicaron edictos en diarios de circulación nacional “EL DIA”, el 22 de diciembre de 2010 y el 23 de marzo de 2011; 5) Desde el 6 de abril de 2009, el accionante no realizó ninguna petición o reclamo sobre sus derechos supuestamente vulnerados y dejó que transcurran más de seis meses para ejercer una acción de amparo constitucional; y, 6) El 30 de noviembre de 2007, interpuso recurso de revocatoria dentro del término, del cual, en caso de negatoria procede el recurso jerárquico y eventualmente agotada la sede administrativa, podía interponer la demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Agrario Nacional -ahora Agroambiental-.
- Fragmento 1
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- 1)
- concedió
- Fragmento 5
- II.1.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- está instituida por mandato constitucional, como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos fundamentales y garantías constitucionales.
- a)
- los Sistemas de Regulación SIRESE, SIREFI y SIRENARE;
- considerando la Ley Nº 1700,
- “ARTICULO 43º (Recurso de revocatoria)
- ARTICULO 45º (Recurso jerárquico)
- III.3. Principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional
- '…se encuentra regida por el principio de la subsidiariedad; y por lo tanto, corresponde al accionante demostrar la inexistencia de instancia o vía a la que pueda acudir para hacer valer sus derechos y garantías constitucionales considerados como restringidos con el objeto de que los mismos le sean restituidos, o en su caso, demostrar que agotó esas instancias sin que se hubiese reparado la lesión a sus derechos, caso contrario, la jurisdicción constitucional deberá declarar la improcedencia del amparo sin entrar al análisis de fondo de la problemática planteada, puesto que de hacerlo se estaría desnaturalizando el carácter subsidiario de esta acción tutelar suplantando la vía ordinaria o administrativa de la cual pudiese hacer uso el accionante, y subsanando además la negligencia en la que pudiese haber incurrido la parte actora de no hacer uso de las vías que la ley le otorga.
- el recurrente debe utilizar cuanto recurso le franquee la ley, sea ante la autoridad o persona que lesionó su derecho o ante la instancia superior a la misma en caso que se trate de autoridad y, en el caso de particulares, acudir ante la autoridad que conforme a la naturaleza del acto ilegal u omisión indebida le pueda otorgar protección inmediata, y sólo se concederá el amparo, no obstante la existencia de otras vías, cuando las mismas resulten ineficaces para la defensa de los derechos, excepción que dependerá de la problemática planteada…» (0643/2006-R de 4 de julio)
- las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa,
- formulación general que se precisó en el art. 96.3 de la LTC que dispone: 'El Recurso de Amparo no procederá contra las resoluciones judiciales que por cualquier otro recurso puedan ser modificadas o suprimidas aun cuando no se haya hecho uso oportuno de dicho recurso'. De donde se desprende que la acción de amparo constitucional es un instrumento subsidiario y supletorio en la protección de los derechos fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotaron las vías ordinarias de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria, salvo que la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales ocasione perjuicio irremediable e irreparable”'
- III.4. Análisis del caso concreto