SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0814/2013
Fecha: 11-Jun-2013
II.8.
II.8. La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en audiencia pública de apelación incidental de medida cautelar dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Juan Carlos Muñoz Rosas y Roxana Muruchi Pereira contra el acusado, Luis Fernando Palacios Guerra, por la presunta comisión de asesinato, mediante Auto de Vista 286/2012 de 17 de diciembre, revocó el Auto Interlocutorio 102/2012, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal, bajo los siguientes fundamentos: a) El imputado ha sobrepasado el tiempo establecido en el art. 239.3, toda vez que se encuentra detenido preventivamente más de cuarenta meses sin tener una sentencia emitida en forma legal; b) Ha demostrado tener familia (un hijo de 7 años), cuenta con trabajo en su taller de danza, tiene domicilio en Sucre, lo que significa que cuenta con arraigo natural; y, c) El Ministerio Público menos la parte querellante han demostrado que el imputado fuere el causante de actos dilatorios, siendo el propio Estado representado por los fiscales, jueces y tribunales los causantes de la dilación; asimismo, el Ministerio Público ni la parte querellante demostraron la existencia de peligro de fuga o de obstaculización; y, en consecuencia, ordenó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor del acusado (fs. 83 a 98 vta.).
- Juan Carlos Muñoz Rosas
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- Fragmento 4
- 1)
- concedió
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II.6.
- II.8.
- III.1. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano
- III.2. De la acción de amparo constitucional
- “…no siendo evidente que para pedir la cesación de la detención preventiva, en el marco del art. 239 incs. 2) y 3) del CPP, únicamente se considere el plazo de dicha detención, pues la citada SC 805/2010-R señaló que: 'las autoridades jurisdiccionales tienen la plena potestad de exigir el cumplimiento de ciertas formalidades procesales a fin de garantizar la presencia del procesado o condenado en el proceso; y si bien es cierto que la SC 0947/2001-R, exigía únicamente el transcurso del tiempo para la viabilización de la cesación de detención preventiva por la causal comprendida en el inc. 3) del art. 239 del CPP, no es menos evidente que los alcances de dicho fallo fueron modulados de manera general por la SC 0034/2005-R de 10 de enero, que establece que es el imputado quien debe demostrar con los elementos de convicción necesarios, que los motivos que fundaron su detención preventiva, han sido modificados o ya no existen, aspectos que no sólo serán valorados por el juez cautelar sino por el propio tribunal de alzada que conozca en apelación la Resolución que conceda o rechace la cesación de la detención preventiva, cual aconteció en autos. Así se explicó a través del Auto Constitucional 0005/2006-ECA de 20 de enero”
- La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad
- III.5. Análisis del caso concreto
- conceder
- Fragmento 19