SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0682/2013-L
Fecha: 19-Jul-2013
denegó
El Juez Tercero de Sentencia Penal del Distrito Judicial -ahora departamento- de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 05 de 26 de octubre de 2011, cursante de fs. 28 a 30, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes razonamientos: i) Conforme los supuestos de subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, solamente agotados los medios de defensa y ante la persistencia de la lesión, podrá acudirse a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela constitucional; ii) Todo proceso penal, se encuentra siempre bajo el control jurisdiccional de un Juez instructor, lo que implica que durante todo el trámite procesal, incluyendo la etapa preliminar se tienen los mecanismos de protección e impugnación para la restitución de los derechos y garantías restringidos ilegalmente; iii) Por consiguiente, ante una presunta aprehensión ilegal, le corresponde al Juez cautelar, conforme lo establece el art. 54 inc. 1) del CPP, controlar la investigación y en consecuencia, proteger los derechos y garantías en la etapa investigativa; y, iv) Al existir en el caso de autos, imputación formal, realizada por el Ministerio Público contra el accionante, y siendo que será puesto a disposición del Juez cautelar, en las siguientes horas, corresponde se acuda ante dicha autoridad, para que ejerza el control material y formal de la referida aprehensión.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- Fragmento 2
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.1.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Alcance y finalidad de la acción de libertad
- sin embargo, dicha regla admite una excepción cuando el afectado previo a interponer este medio de defensa, tenía a su alcance otras vías ordinarias o medios idóneos de impugnación, más oportunos y eficaces que el presente mecanismo para el restablecimiento de sus derechos supuestamente restringidos, suprimidos o amenazados;
- debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iníciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria.
- De donde se infiere, que las aprehensiones policiales o fiscales deben ser previamente denunciadas ante el juez cautelar, y sólo cuando la lesión al derecho a la libertad no hubiera sido reparada por dicha autoridad, recién es posible acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad”
- sino también materializa la función del juez cautelar como autoridad jurisdiccional bajo quien se encuentra el control del desenvolvimiento de los actos de investigación que realizan tanto fiscales como funcionarios policiales, desde el primer acto del proceso hasta la conclusión de la etapa preparatoria
- Conforme a dicho entendimiento, se concluye que la impugnación de los actos lesivos a los derechos fundamentales y garantías constitucionales, en especial del derecho a la libertad, previo a la interposición de la acción de libertad, debe denunciarse ante el juez de instrucción, como medio idóneo, eficaz e inmediato para su protección, y por ser la autoridad a cargo del control jurisdiccional y la encargada de velar porque los funcionarios dependientes de la Fiscalía y de la Policía, en el ejercicio de sus funciones, actúen siempre respetando los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas
- III.4. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR