SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0698/2013-L

La Jueza Primera de Sentencia Penal, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 07/2011 de 15 de noviembre, cursante de fs. 164 a 166, denegó la tutela solicitada, con el siguiente fundamento: a) En la audiencia de consideración de medidas cautelares de 9 de marzo de 2011, se consideró la solicitud de la defensa del accionante de que se modifique la medida de detención domiciliaria y el requerimiento del Ministerio Público por la revocatoria de la medida de detención domiciliaria por la preventiva en el Penal de “Morros Blancos”, luego de escuchadas ambas partes y presentada la prueba por el Ministerio Público, consistente en informes de los funcionarios policiales y otras, las Juezas Juana Aban Velásquez y Claudia Gamarra Hoyos, en suplencia legal, luego de realizar una valoración de los medios probatorios llegaron a la conclusión que el accionante incumplió las obligaciones impuestas en la medida de detención domiciliaria, razón por la cual resolvieron negar la cesación de la misma y se determinó la detención preventiva junto con el otro coimputado, por lo que el accionar de dichas autoridades fue en apego a las normas procesales y no actuaron de forma incongruente y de modo ultra petita y menos incurrieron en prohibición de nom reformatio in peius; b) En cuanto a que la prueba en la que se basaron tanto el Tribunal de Sentencia como el ad quem, en ambas solicitudes de cesación de la detención por parte del accionante, sea total y completamente subjetivas, nuevamente cabe señalar que ambos tribunales basaron sus resoluciones de acuerdo a la prueba presentada tanto por el accionante como por el Ministerio Público; c) De la revisión del acta de audiencia de 9 de marzo de 2011 y del acta de cesación de la detención preventiva de 26 de agosto del mismo año que fueron presentadas en calidad de prueba por el accionante, se constata que las autoridades demandadas Juana Aban Velásquez, Claudia Gamarra y Pablo Zelaya Villanueva realizaron su fundamentación basada en la prueba presentada en audiencia y en estricta aplicación de la Ley Procesal Penal y la Constitución Política del Estado; d) Las Resoluciones emitidas por los Vocales de la Sala Penal de 4 de mayo y 10 de octubre, emergentes del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante contra las Resoluciones de 9 de marzo y 26 de agosto respectivamente, merecieron una amplia y detallada fundamentación donde se valoró de forma integral todos los elementos de prueba aportados por ambas partes, es decir tanto por el accionante como el Ministerio Público, ante esta denuncia también es necesario tomar en cuenta la SC 0012/2006-R de 4 de enero, que habla de la motivación de los fallos que no necesariamente deben ser ampulosos sino que pueden de manera breve y concisa conocer las razones que llevaron al juez a tomar determinada decisión; y, e) Ante la denuncia sobre la falta de valoración de los certificados médicos por parte de las autoridades demandadas, del análisis de las resoluciones emitidas tanto por el tribunal de instancia como por el tribunal ad quem se tienen que las autoridades recurridas realizaron una valoración de cada uno de los certificados médicos que fueron presentados por el accionante y dicho análisis fue dentro de la razonabilidad y equidad, conforme lo dispuso la SC 0626/2011-R de 3 de mayo.