SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0724/2013-L

El representante del Ministerio Público, en audiencia manifestó lo siguiente: a) El “31 de diciembre de 2011”, se emitió la Resolución resolviendo la incompetencia planteada, en cuanto a la fundamentación exigida por el art. 124 del CPP, la misma no refiere la extensión o explicación pormenorizada de cada Resolución, simplemente que se evidencie el procedimiento intelectivo del que se va a deducir los elementos fundamentales por los cuales han conllevado al juzgador a resolver de una u otra manera; b) Consecuentemente, no es evidente la inexistencia de Resolución de incompetencia, el Auto de 31 de octubre de 2011, contiene en un punto expreso, una resolución respecto a la excepción planteada; y, c) En lo que respecta a la naturaleza de la Resolución -Auto Interlocutorio-, se debe considerar que estaba en juego la libertad, en ese sentido, el Juez natural tenía la obligación legal de proceder a resolver la petición del Ministerio Público, ya que el juzgador se encontraba impedido de postergar o suspender la audiencia.    

Del desarrollo de los hechos que motivan la acción y lo precedentemente señalado, se advierte que el acto identificado como vulnerado por el accionante es el referido al procedimiento, el cual se encuentra estrechamente relacionado con el derecho al debido proceso, que se tutela mediante de la acción de amparo constitucional y sólo en algunos casos mediante la acción de libertad, para lo cual es necesario que se cumplan algunos presupuestos que son los siguientes: a) Los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública denunciados, entendidos como actos lesivos, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, b) Debe existir absoluto estado de indefensión; es decir, que el accionante no tuvo la oportunidad de impugnar dichos actos lesivos dentro del proceso y que conoció de los mismos al momento de la persecución o la privación de la libertad tal como lo estableció la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es menester en principio ingresar a efectuar este análisis a objeto de determinar si se cumplen los presupuestos señalados para poder ingresar al análisis de la problemática planteada.

En cuanto al primer presupuesto, se establece que la decisión de las autoridades demandadas, de no haberse pronunciado en la audiencia del 28 de octubre de 2011, sobre la excepción planteada, además que la misma no se llevó adelante con normalidad; toda vez que, por inconcurrencia del accionante se suspendió para el 31 de ese mismo mes y año, oportunidad en la que como refirieron ambas partes, se trató la excepción de incompetencia que fue rechazada, dando lugar a la emisión del mandamiento de aprehensión; por lo tanto, este actuado tendría relación directa con el derecho a la libertad del accionante; en cuanto al segundo presupuesto, no se advierte que el mismo se haya encontrado en estado absoluto de indefensión para poder interponer las acciones que correspondían como la apelación incidental contra esa decisión, que es un mecanismo idóneo que debió activar para restituir sus derechos considerados como restringidos, previo a la interposición de la acción de libertad, conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo; situación que hizo que se active el principio excepcional de subsidiariedad, por lo que, en aplicación de la jurisprudencia señalada es imposible para este Tribunal ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.