AUTO CONSTITUCIONAL 0159/2013-RCA

Ahora bien, de la compulsa de los antecedentes que forman parte del presente caso, se tiene que, del memorial de subsanación de 27 de julio de 2013 (fs. 43 a 44), la parte accionante adjuntó Poder Especial 87/2013 de 4 de marzo (fs. 42 y vta.), y de la revisión del mismo, se advierte que se otorga: “Más Poder para iniciar continuar hasta su conclusión acciones de amparo constitucional en contra de Magistrados titulares y/o Liquidadores del Tribunal Agroambiental del Estado Plurinacional de Bolivia…”, de donde se deduce que el accionante cumplió, con el mencionado proveído y consecuentemente con las exigencias contenidas en el art. 33.1 del CPCo, en relación con el art. 52.1 de la misma norma legal. Así queda desvirtuado el fundamento esgrimido por el Tribunal de garantías con relación a la no presentación de poder específico.

Respecto, al principio de subsidiariedad consta que, contra las resoluciones pronunciadas por las salas del Tribunal Agroambiental que resuelven las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales, no procede recurso de impugnación alguno, conforme establece el art. 36.2 de la LSNRA, modificada por Ley 3545, concordante con el art. 144.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ). Por otro lado, se tiene que la Sentencia 48/2012 ahora impugnada fue pronunciada el 28 de diciembre, y la presente acción se interpuso el 26 de junio de 2013; es decir, dentro del plazo de los seis meses previsto en el art. 129.II de la CPE, en relación con el art. 55.I del CPCo, cumpliendo así con el principio de inmediatez.