Sentencia Constitucional Plurinacional 0768/2013-L

La SC 1605/2011-R de 11 de octubre, con referencia a la notificación personal con la resolución de medidas cautelares estableció lo siguiente: “El Código adjetivo penal, en su art. 163 inc. 3), dispone la notificación personal con 'las resoluciones que impongan medidas cautelares personales'; en esa misma línea, para proteger el ejercicio del derecho a la defensa, el Tribunal Constitucional en la amplia jurisprudencia desarrollada, con referencia a las notificaciones personales, la SC 1418/2005-R de 8 de noviembre, concluyó que: '…dado el carácter garantista del Código de procedimiento penal, toda resolución que imponga una medida cautelar personal debe ser notificada necesaria y obligatoriamente en forma personal, conforme dispone el art. 163 inc. 3) CPP, esto en el entendido de que contra dicha resolución las partes pueden hacer uso del recurso de apelación previsto por el art 251 CPP, con la aclaración de que, no es suficiente que las partes sean notificadas con dicha resolución en audiencia por su lectura, por cuanto es necesario la entrega de una copia al interesado y la constancia de su recepción; consecuentemente, con la notificación personal de la resolución que impone una medida cautelar se asegura que las partes ejerciten en la forma más amplia el derecho a la defensa a través de la interposición de los recursos y acciones que concede la Ley, de no ocurrir ello se provocaría indefensión en la parte si no se asegura que ésta tenga conocimiento efectivo de la Resolución de medidas cautelares, para que en caso de existir recursos contra ésta, pueda utilizarlos sin ninguna restricción, caso contrario, de no existir medios o recursos contra los que pueda impugnarse la resolución, no puede concluirse que se esté afectando el derecho a la defensa, al no brindar la normativa otros recursos o mecanismos de impugnación'.

En el caso específico de las impugnaciones, además del principio de finalidad que informa con las notificaciones es preciso considerar también el principio pro actione, que según SC 1044/2003-R de 22 de julio, '…tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados'.