SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1056/2013-L

Relata que el 13 de enero de 1999, se inició un proceso penal contra Germán Robin Jofré Sánchez por la presunta comisión del delito de estafa, sobre un presunto error en la compra de un terreno de 80 000 m²; sin embargo, no se consideró que él no compró dicho terreno a título personal, ni se pudo demostrar cuál era la superficie del terreno o identificar el mismo, porque no contaba con planos aprobados por el Gobierno Municipal de Mecapaca del departamento de La Paz; pese a lo referido, el Juez Segundo de Sentencia Penal y Liquidador emitió sentencia condenatoria.

La sentencia fue apelada el 3 de abril de 2004, y fue confirmada con igual irresponsabilidad y ligereza por parte de los Vocales de Sala Penal Segunda de la  -entonces- Corte Superior del Distrito Judicial - ahora Tribunal Departamental de Justicia- de La Paz, a través del Auto de Vista 64/2007 de 16 de abril; por lo que se interpuso recurso de nulidad o casación.

El mencionado recurso, se basó en la incorrecta aplicación de la ley penal y en el hecho de que el proceso se había tramitado con evidentes vicios procesales insubsanables; estos motivos se referían al art. 297 inc. 10) del Código de Procedimiento Penal 1992, por desarrollo de las audiencias referidas en ausencia del imputado; se hizo cita de reiterada jurisprudencia contenida en distintos Autos Supremos, en los que se aplicó la referida norma.

No obstante, los Ministros demandados no atendieron los argumentos presentados, incurriendo en falta de fundamentación del Auto Supremo 297 de 23 de noviembre de 2011; asimismo, omitieron revisar de oficio el expediente del proceso penal y evitaron sujetarse a los precedentes jurisprudenciales adjuntados.