SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1107/2013-L
Fecha: 30-Ago-2013
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 21 de mayo de 1996, adquirió el derecho propietario mediante compra de 5.8932 ha, de Ruben Balcazar Castro, mismo que fue registrado en Derechos Reales (DD.RR.) de Santa Cruz el 4 de junio de ese año, bajo la matrícula computarizada 7011990051353, por el cual acredita el derecho propietario por la extensión mencionada, encontrándose los predios ubicados en la zona del Urubo de Santa Cruz.
El 9 de abril de 2011, un grupo de personas “loteadores profesionales” (sic) ingresaron de forma violenta, destruyendo las puertas y cortando el alambrado el cual protegía los predios, asimismo sustrajeron los materiales de construcción que existían, con los cuales iba a iniciar la construcción de su casa para poder vivir en ella junto a su familia; privándole de su legítimo derecho de propiedad, y haber agredido física y psicológicamente tanto a él como a su familia, teniendo que huir por la amenaza que existía con machetes, palas, azadones y otros objetos contundentes, prohibiendo inclusive que transite por la calle del sector; por otro lado, pudo verificar que se está construyendo “chozas” con palos y material de construcción que existía en sus predios.
Los demandados incurrieron en actos ilegales, mismos que dan lugar a que se abra la jurisdicción constitucional, por cuanto atentaron contra su vida y la de su familia y al ingresar a sus predios violaron su derecho a la propiedad privada, y al intentar persuadir a la desocupación de la propiedad, fue nuevamente agredido.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.2. Informe de las personas demandadas
- denegó
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.4.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- “El derecho de propiedad es un derecho real que otorga a las personas, la posibilidad de ejercer todas las facultades jurídicas que le brinda el ordenamiento jurídico respecto a un bien determinado, derecho que en ningún caso puede ser perturbado por terceras personas.
- Tanto el art. 56 de la CPE, como el art. 105 del CC, reconocen y garantizan el derecho a la propiedad privada, con la única condicionante que cumpla una función social y no sea perjudicial al interés colectivo. 'Se entiende por derecho a la propiedad la facultad del ser humano -personal y comunitariamente considerado- para disponer de determinados bienes, usarlos, gozarlos y enajenarlos conforme a su libre albedrío, dentro de las limitaciones que el ordenamiento jurídico establezca'.
- III.3. Requisitos para determinar como medida o vías de hecho
- 1) La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, 2) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros”
- III.4. Análisis del caso concreto
- III.4.1. Acreditación de la existencia de medidas de hecho
- III.4.2. Acreditación de titularidad o dominialiedad del bien
- CONFIRMAR