SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1281/2013

El abogado del accionante ratificó los términos de la acción, añadiendo además: a) La Resolución 033/2012 de 16 de enero, de la Jueza Cuarta de Instrucción en lo Penal recurrida de apelación, determina que la declaración de extinción de la acción penal tiene lugar sólo respecto al representante del Ministerio Público, debido a la omisión en que incurrió de emitir requerimiento conclusivo dentro la etapa de investigación; sin embargo, mantiene la oportunidad de que las víctimas puedan continuar el proceso en resguardo de sus derechos, como establece el art. 134 del CPP, y la jurisprudencia constitucional; b) Los dos criterios utilizados en la Resolución impugnada para revocar la decisión del inferior fueron que, la extinción de la acción penal en etapa preparatoria no se opera de hecho sino de derecho, y que la Jueza cautelar no tiene facultad para anular los requerimientos conclusivos; empero, ninguno de los fundamentos guardan relación con los antecedentes del caso ni con la jurisprudencia empleada por las autoridades demandadas; c) En relación al primer criterio, la Jueza cautelar no declaró la extinción de la acción penal a simple transcurso de los seis meses; sino que, tal como prevé la jurisprudencia constitucional, transcurrido dicho plazo, conminó al Fiscal para que en el plazo de cinco días, presente requerimiento conclusivo, bajo advertencia de aplicar lo dispuesto por el art. 134 del CPP. Al no haberse cumplido dicha exigencia, emitió el fallo correspondiente, en estricto cumplimiento de la norma legal aplicable al caso. Sin embargo, la Sala Penal Tercera, de manera arbitraria estableció que no procedía la extinción de la acción; ya que, si bien se cumplieron los cinco días que la norma le confiere al Fiscal, no es menos evidente que existe requerimiento conclusivo de acusación presentado antes que se dicte la Resolución extintiva del proceso; razonamiento equivocado y contrario a lo previsto por la norma antes citada; y, d) Sobre el segundo criterio expresado por las autoridades demandadas, se debe aclarar que en ningún momento se anuló el requerimiento conclusivo presentado por el Fiscal fuera de tiempo; sino se decretó que el mismo esté sujeto al incidente de extinción de la acción penal resuelta.

Fabián Toro Ortega y Nimia Marcia Hurtado de D'achiardi, por intermedio de su abogado, indicaron: a) Efectivamente la Jueza cautelar otorgó plazo de cinco días al Fiscal; dentro de este tiempo se presentó un requerimiento solicitando la suspensión condicional del proceso; sin embargo, al no haberse aceptado esa salida alternativa, se conminó nuevamente al representante del Ministerio Público para que emita otro requerimiento concediéndole un plazo igual, sin que este tipo de procedimiento se encuentre previsto por la normativa penal; y tomar en cuenta que, a tiempo de rechazar la salida propuesta por el Fiscal, éste no se encontraba presente a efectos de compulsar dicha decisión; b) Cuando se notificó al Fiscal con la segunda conminatoria, éste indicó que ya había cumplido su deber; pues, no se puede conminar dos veces sobre el mismo asunto; c) La Jueza de la causa, en ningún momento anuló el primer requerimiento conclusivo presentado por el Fiscal, solamente rechazó la salida alternativa; por lo tanto, no podía conminarlo nuevamente, tampoco hacer correr otros plazos; y, d) Los Vocales demandados revocaron el primer fallo debido a que en el mismo no se conminó a las víctimas a presentar su acusación, siendo así que tienen la posibilidad de hacerlo en defensa de sus derechos.