SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1281/2013
Fecha: 02-Ago-2013
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal iniciado por Fabián Toro Ortega y otra, la Jueza Cuarta de Instrucción en lo Penal dictó la Resolución 033/2012 de 16 de enero, por la que declaró la extinción de la acción penal en cuanto al Ministerio Público, porque no presentó el respectivo requerimiento conclusivo en la causa dentro del plazo previsto por ley, ni en el conferido por la Jueza cautelar.
Apelado el referido fallo por las presuntas víctimas; el 3 de septiembre de 2012, la Sala Penal Tercera por Auto de Vista 112/2012, revocó la Resolución apelada, el cual contiene componentes que no son los que la norma reconoce, y realiza una interpretación errónea de lo previsto por los arts. 124 y 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP), contradiciendo el razonamiento previsto por la jurisprudencia constitucional al efecto; por lo que, se constituye en el acto ilegal que vulnera sus derechos; ya que, pretende continuar un proceso penal en su contra de manera ilegal, siendo que el mismo ya fue declarado extinto, en correcta aplicación de las normas vigentes que rigen la materia.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. El derecho al debido proceso, en su elemento esencial del derecho a contar con resoluciones debidamente fundamentadas
- el Juez declarará extinguida la acción penal salvo que el proceso pueda continuar sobre la base de la actuación del querellante, sin perjuicio de la responsabilidad personal del Fiscal de Distrito.
- sin embargo, debe precisarse que en virtud al derecho a la tutela judicial efectiva y a los derechos que le asisten a la víctima, el Juez, antes de emitir la resolución correspondiente, deberá notificar a la víctima a efecto de que sea escuchada y, en su caso, impugne la determinación a tomarse, conforme a lo dispuesto en el art. 11 del CPP que establece que 'la víctima podrá intervenir en el proceso penal conforme a lo establecido en este Código, tendrá derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal y, en su caso, a impugnarla'; norma que guarda coherencia con el art. 134 del CPP antes aludido, que en el segundo párrafo establece un resguardo a favor de la víctima, referido a que el proceso pueda continuar sobre la base de la actuación del querellante.
- Ahora bien, para hacer operativo el derecho de la víctima, el Juez debe comunicar a la víctima la falta de presentación del requerimiento conclusivo, por parte del fiscal y, al mismo tiempo, la facultad que le asiste de presentar su acusación particular, otorgándole para al efecto, por analogía y aplicando el principio de igualdad procesal, el mismo plazo concedido al Fiscal en el art. 134 del CPP, es decir, cinco días, bajo conminatoria de declararse extinguida la acción penal.
- En ese entendido, la víctima podrá expresar su decisión de no continuar con el proceso ya sea en forma explícita (presentando algún memorial ante el Juez), o implícita (dejando transcurrir el plazo otorgado), supuestos en los que la autoridad judicial deberá declarar la extinción de la acción penal. Si por el contrario, la víctima presenta su acusación particular, el Juez debe remitir lo actuado ante el Tribunal de Sentencia, para que el juicio se abra sobre la base de la acusación del querellante.
- III.3. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR