AUTO CONSTITUCIONAL 0009/2014-RCA

Entre las características de la acción de libertad, se encuentran la inmediatez, el informalismo y la sumariedad, ya que de acuerdo a los arts. 125 y 126.I y II de la CPE y 49.I del CPCo, esta acción constitucional puede ser activado por el afectado o por cualquiera a su nombre, el juez o tribunal señalará de inmediato día y hora de audiencia, misma que en ningún caso podrá suspenderse y debe ser tramitada con celeridad.

Al respecto, la jurisprudencia sentada en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, señaló: “El art. 125 de la CPE, establece: 'Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad'.

Sobre el procedimiento que los jueces y tribunales de garantías deben seguir, ante la presentación de esta acción, la citada SCP 0103/2012, estableció: “Existe mandato constitucional expreso respecto al procedimiento al que debe sujetarse el juez o tribunal de garantías. Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después de cumplidas las formalidades procesales- ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso (art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a diferencia de la Constitución abrogada-.

b) De orden sustantivo. La Norma fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con mandatos expresos al juez o tribunal de garantías incluso bajo responsabilidad no como un fin en sí mismo, sino en razón a que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada.