SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0035/2014

El 23 de julio de 2013, de manera sorpresiva fueron privados del suministro de agua potable, con el argumento de la existencia de mora por falta de pago, conforme el “macro medidor”, con una deuda de Bs43 045,40.- (cuarenta y tres mil con cuarenta y cinco 40/100 bolivianos) del condominio Los Tarcos; por lo que ELAPAS, procedió a cortar el agua de sus domicilios, indicando la deuda del referido medidor instalado en la nombrada urbanización, el cual habría suscrito Alejandro Gastón Encinas Valverde.

Posteriormente se enteraron que ELAPAZ, habría cambiado de manera arbitraria e ilegal el macro medidor, sin cumplir los requisitos que ésta misma pide, a nombre del “Condominio Tarcos” en absoluto desconocimiento de sus personas, convirtiéndoles en deudores de la citada Empresa, cuando el deudor es otra persona, pues el suscribiente del macro medidor de agua, sin tener autorización y sin conocimiento de ELAPAS, de manera clandestina, procedió a realizar instalaciones a domicilios de terceras personas en la citada urbanización, lo cual denunciaron oportunamente ante la mencionada Empresa.

Dicho corte afecta al derecho a la vida y a la salud, ya que el agua se constituye en soporte de la vida, y de este último, emergen los demás derechos, por lo mismo el derecho al agua, tiene una doble dimensión constitucional; por un lado, como derecho individual fundamental y por otra, como derecho colectivo comunitario fundamentalísimo, por lo mismo está protegido por la Constitución Política del Estado, así como por los instrumentos internacionales, por ello no puede arbitrariamente ser restringido y suprimido mediante vías o medidas de hecho, como en las que incurrió la Empresa demandada, ocasionando graves daños a sus familias, poniendo en grave riesgo la salud de sus hijos menores y atentando contra sus vidas a causa de la mencionada decisión arbitraria e ilegal.