AUTO CONSTITUCIONAL 0298/2014-RCA
Fecha: 18-Nov-2014
Fragmento 17
La presente acción de amparo constitucional fue interpuesta por María Lourdes Vaca Vidaurre, Mery Yanet Polo Areco, Rene Rosario Valdez Soruco y María Sara Cuevas Velásquez, todos Asambleístas del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija; Jorge Finny Ledezma y Alexander Kennedy abogados defensores de oficio en representación de Mario Adel Cossio Cortez y Luis Pedraza Cerda, Representante de la Agrupación Política CC, denunciando la vulneración de a los derechos políticos, al ejercicio de la función pública, al trabajo y las garantías al debido proceso y a la presunción de inocencia de Mario Adel Cossio Cortez, con la negativa de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, de restituirlo al cargo de Gobernador de dicho departamento.
- Fragmento 1
- I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
- I.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- I.3. Petitorio
- I.4. Resolución del Tribunal de garantías
- por no presentada
- 1)
- II.1. Marco normativo constitucional
- la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente
- de su representante legal, acompañando en éste último caso, la documentación que acredite su personería
- se tendrá legitimación activa cuando un sujeto jurídico determinado - sujeto activo - se encuentre en la posición que fundamenta la titularidad de la acción, en ese sentido, tendrá legitimación activa quien sea titular de uno de los derechos fundamentales o garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política del Estado
- que demuestre conforme exige el ordenamiento jurídico, que los efectos del acto ilegal o indebido que denuncia hubieran recaído directamente en un derecho fundamental suyo…, no se puede plantear una demanda de Amparo, sino demostrando ser el agraviado directo por la autoridad o particular recurrido
- no se encuentran los defensores de oficio o estatales; por lo que la norma es muy clara y especifica al determinar el alcance jurídico sobre la legitimidad que tienen tanto las personas y las autoridades para poder presentar la referida acción de defensa, pues de lo contrario nos encontraríamos forzando la interpretación y el alcance de la norma contrariamente a la voluntad del constituyente
- no incluye a los defensores de oficio ni estatales menos en materia penal; sin embargo, la propia estructura constitucional sí prevé que -en estos casos- quien tiene facultad y atribución para el efecto es el defensor del pueblo, así concuerda el entendimiento jurídico con los art. 218.I de la CPE
- que los defensores de oficio o estatales pueden acudir al defensor del pueblo precautelando los interés de su defendido y es dicha autoridad quien tendrá que actuar en el marco de la celeridad y velar -en su caso- por que se cumplan efectivamente los requisitos de la acción tutelar como es la inmediatez
- II.3. Análisis de la Resolución elevada en revisión
- Fragmento 17
- CONFIRMAR