SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0133/2014-S1

           A través de la presente acción de amparo constitucional, los accionantes denuncian que el INRA, ha vulnerado sus derechos a la propiedad privada, al trabajo y a la defensa, al haber emitido la RA UDC 259/2013, por la que resuelve aprobar el Informe Legal UDC 250/2013 y de conformidad al art. 294.IV del DS 28215, dispone la ampliación del período de relevamiento de información en campo dispuesto en la parte resolutiva quinta de la RA UDC 009/2013, a partir del 21 al 24 de octubre de 2013, en el predio denominado; “OTB SINDICATO AGRARIO HUASA HIGUERANI” (sic), resolución que les causa un evidente daño irremediable e irreparable y casi irreversible, quitándoles y despojándoles de su derecho propietario. Es así que el 20 del citado mes y año, funcionarios del INRA entraron a sus tierras para realizar pericias de campo como consta en la Resolución Administrativa referida del 21 al 24 del mismo mes y año, las cuales se encuentran fuera de la ley y de todo contexto legal, ya que la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, entró en vigencia el 18 de octubre de 1996, modificada por la Ley 3545 hasta el 19 de octubre de 2006 y con la Ley 3501 se amplió por siete años más, siendo que la Ley 429, puso nuevamente en vigencia la referida Ley Nacional de Reforma Agraria, por cuatro años más, vale decir hasta el 2017; empero, en la citada Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria existe un vacío legal de trece días en el cual la Ley 429 no estaba vigente, produciéndose en este espacio de tiempo actos ilegales; vale decir, que esta norma entró en vigencia recién el 31 de octubre de 2013, produciéndose ilegalidades en un espacio de trece días, en el cual la citada Ley no se encontraba vigente; toda vez que, cuando los funcionarios del INRA realizaron las pericias de campo en los días señalados, la aducida Ley 429 no estaba vigente y todo acto realizado en dicho periodo resulta ilegal, generando que se encuentren en indefensión y sujetos al abuso de autoridad por parte de los funcionarios del INRA, que va en contra de lo que establece la Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, en complicidad con el Sindicato Agrario “Huasa Higuerani”.