SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0221/2014

El 26 de marzo de 2013, un grupo de la FELCN, se hicieron presentes con un mandamiento de allanamiento expedido por la Jueza Decimotercera de Instrucción en lo Penal del Departamento de Santa Cruz, mandamiento que señaló el domicilio de su abuela ubicado en la calle Moldes 731 entre Oruro y Viedma, y no para allanar su domicilio que se encuentra en la calle Destacamento.

Refiere además que, a horas 7:30, el mencionado grupo ingresó saltando los muros, como si se tratasen de vulgares y prontuariados delincuentes, causando miedo y zozobra en los habitantes del inmueble, así también ingresaron en el domicilio ubicado en la calle Oruro donde viven sus tíos, allanando el lugar porque no contaban con autorización para el ingreso al mismo, en ese ínterin sus abuelos personas de la tercera edad, la llamaron porque supuestamente a la que buscaban era a su persona, constituyéndose en el domicilio ubicado en la calle Moldes, donde los funcionarios policiales la indagaron y presionaron psicológicamente haciéndole firmar un formulario donde -según funcionarios- les autorizó el ingreso a su domicilio ubicado en la calle Destacamento, no supo que firmó al encontrarse en estado de shock, ingresaron a su domicilio y empezaron a buscar evidencias supuestamente relacionadas al narcotráfico, sin saber hasta la fecha que se llevaron de su domicilio, aseverando que no existen los títulos de propiedad de sus vehículos, llevándose una computadora, un revolver calibre 22 y un teléfono de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz de COTAS LTDA.

Los funcionarios policiales la agredieron psicológicamente, indicándole que iba a ir presa, ya que existía una orden de aprehensión en su contra, documento que nunca exhibieron, causándole el peor drama de su vida, ya que todos los actos que realiza son transparentes, así como los de su esposo y su entorno familiar.

Dichos funcionarios policiales debieron actuar con responsabilidad, practicando una investigación científica, indagando por lo menos a través de la empresa de COTAS, con la finalidad de obtener el extracto de llamadas y así poder establecer si su persona tenía algún nexo o estaba relacionada con el ilícito del narcotráfico.

Finaliza manifestando que, solicitó verbalmente a COTAS, le proporcionen el extracto de llamadas de su teléfono, donde no se detecta ninguna llamada extraña, lo que significa en forma clara que la acción intentada arbitrariamente por la FELCN, fue abusiva, sin procesar una investigación con fundamentos sólidos, amparados en pruebas e indicios contundentes que puedan incriminarla