SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0346/2014
Fecha: 21-Feb-2014
1)
Enrique Morales Díaz, Juez Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, en audiencia manifestó que: 1) Cursan mandamientos de desapoderamiento que fueron expedidos por las anteriores autoridades que conocieron la causa, que no se ejecuten y sean representados por el Oficial de Diligencias, escapa de su responsabilidad; 2) Observó que no fueron resueltos los incidentes planteados para la ejecución del desapoderamiento, ya que no sólo se debe notificar con el Auto de desapoderamiento simplemente a las partes procesales, dentro de los 9 000 m2 existen otros interesados que no son parte del proceso y ellos también deben ser notificados, ya que son los que presentan incidentes y plantean oposición para la ejecución del mandamiento de desapoderamiento; 3) Existe la oposición férrea de más de cien personas que habitan ese terreno, con esos antecedentes a fin de evitar un conflicto social con el cual han amenazado, considera previamente resolver los incidentes planteados por terceros; y, 4) En ningún momento a la accionante se le rechazo algún memorial, simplemente se dispuso con carácter previo que se cumpla con las formalidades, y al no haberse resuelto los incidentes no puede expedirse el correspondiente mandamiento de desapoderamiento.
La línea jurisprudencial citada precedentemente, estableció que el debido proceso está reconocido por la Constitución en su triple dimensión: 1) Como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado; 2) A la vez como un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes; y, 3) Como una garantía de administración de justicia, previniendo que los actos procesales se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento, tanto en la jurisdicción ordinaria como administrativa.
- I.1.1 Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- III.1. El control tutelar de constitucionalidad y el resguardo a derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional
- la Constitución Política del Estado es concebida como fuente primaria del ordenamiento jurídico y a la vez norma suprema directamente justiciable
- la funcionalidad de la Constitución Política del Estado
- gozan de igual jerarquía y son directamente aplicables y justiciables.
- estructura esta acción sobre la base de los principios de sumariedad, inmediatez, eficacia, idoneidad y oportunidad
- es un verdadero proceso de naturaleza constitucional
- comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos
- “El debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo, así como los presupuestos normativamente pre-establecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones.
- la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado.
- De lo referido, se infiere que doctrinalmente el debido proceso tiene dos perspectivas, concibiéndolo como un derecho en sí reconocido a todo ser humano y como garantía jurisdiccional que tiene la persona para ver protegidos sus derechos en las instancias administrativas o jurisdiccionales donde puedan verse involucrados,
- Es la autoridad y la fuerza que la ley atribuye a las sentencias ejecutoriadas; la autoridad se refiere a la característica de que lo fallado en ellas se considera como irrevocable e inmutable; y la fuerza, consiste en el poder coactivo que dimana de la cosa juzgada, o sea que debe cumplirse lo que en ella se ordena.
- en el deber jurídico que tiene el órgano encargado de su ejecución de hacer efectiva la decisión contenida en el fallo en los términos establecidos en ella.
- ya que esa firmeza impide que el fallo sea modificado, revocado o anulado, carácter inmutable que obliga al respeto de su contenido y en resguardo de la seguridad jurídica y restará únicamente su ejecución
- 'La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico…'
- La jurisprudencia constitucional al referirse al principio de celeridad y con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: '…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas…'”
- III.5. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en todo