SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0350/2014
Fecha: 21-Feb-2014
II.8.
II.8. A través de la RM 0232/2011 de 29 de abril, el Ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, Roberto Iván Aguilar Gómez, autorizó excepcionalmente la implementación de la nueva malla curricular del primer año “Común” de la Universidad Académica de Pregrado “ANAPOL”, aprobado mediante RA 060/2010 de 23 de diciembre y homologada por RA 01561/10 de 30 de diciembre de 2010, en tanto se apruebe la normativa específica con respecto a las Universidades del Régimen Especial (fs. 72 a 74), y por RM 538/2012 de 28 de agosto, autorizó la apertura y funcionamiento de las careras de Orden y Seguridad, Investigación Criminal, Ingeniería de Tránsito y Vialidad y Administración Policial a nivel de licenciatura, para el “3er., 4to., 6to., 7mo., y 8vo., semestres, equivalentes al 2do., 3er. y 4to., año académico” (sic) y excepcionalmente reconoce los estudios efectuados por los estudiantes de la UNIPOL, descritos en el informe técnico Legal IN/VESFP/DGESU/EUIB 0093/2012 de 31 de julio, de cuyas listas en anexo forman parte indivisible de la nombrada disposición normativa, correspondiente a las carreras de: Orden y Seguridad, Investigación Criminal, Ingeniería de Tránsito y Viabilidad y Administración Policial a nivel de licenciatura (fs. 75 a 78).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- concedió en parte
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza
- comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos', (…) 'Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales'
- El debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo, así como los presupuestos normativamente pre-establecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones.
- la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento
- lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma
- cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia,
- la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas.
- la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión,
- III.4. Análisis del caso concreto
- REVOCAR en parte