SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0517/2014
Fecha: 07-Mar-2014
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 2 de marzo de 2011, Karina Lazarte Moya, interpuso demanda laboral de pago de beneficios sociales y otros, contra el accionante, en la que, la Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social, emitió la sentencia 51/2012 de 11 de junio, declarándola improbada, decisión que fue recurrida en apelación y concedida, vulnerando la naturaleza jurídica de normas procesales de orden público y el principio procesal de preclusión, toda vez que, la demandante fue notificada con la referida resolución el 19 de junio de 2012, en el domicilio procesal señalado en su demanda, sin embargo, el 22 de similar mes y año, su abogada devolvió la sentencia mencionando, que se notificó por error en un domicilio que no le correspondía a su abogado patrocinante; posteriormente, el 25 del mismo mes y año, mediante memorial anunció el cambio de abogado, que recayó en la misma abogada que devolvió la notificación, quién se apersonó ante el juzgado, señalando como domicilio procesal la misma dirección mencionada en la demanda principal; donde fue notificada con la sentencia 51/2012, originando una nueva notificación el 29 del mencionado mes y año, para luego, interponer recurso de apelación el 27 de julio de 2012, después de la vacación judicial, vulnerando el principio de lealtad procesal, habida cuenta que, fue notificada personalmente el 19 de junio de 2012, siendo esa notificación la válida y no así la del 29 de similar mes y año, por lo que, la apelación interpuesta fue extemporánea.
Posteriormente, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en apelación, por Auto de Vista AV-SSA-130/2012 de 19 de diciembre, revocó la sentencia impugnada, declarando probada en parte la demanda, en cuanto al derecho de desahucio e indemnización, pago doble de aguinaldo, vacaciones de las gestiones 2009 y 2010, sueldos devengados de noviembre y diciembre e improbada en cuanto al derecho de asignaciones familiares e incremento salarial, consolidando la vulneración al debido proceso y principio de preclusión, decisión que fue recurrida en casación por ambas partes, resuelto mediante Auto Supremo 298 de 5 de junio de 2013, declarando infundado y casado parcialmente, incurriendo en el mismo error de no sanear el proceso de oficio, tomando en cuenta que el recurso de apelación fue interpuesto fuera de plazo, disponiendo además el pago del subsidio familiar sin tomar en cuenta los argumentos del Auto de Vista que declaró improbado el pago de la asignación familiar, realizando una incorrecta interpretación de la ley.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- i)
- 1)
- a)
- denegó
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- en tanto que el art. 115.II de la CPE, estatuye: El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones
- de donde se colige que el derecho del debido proceso no se limita al ámbito jurisdiccional solamente, sino que se extiende a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad, entre ellas en el ámbito laboral, donde se debe respetar, entre otros, el derecho a la defensa, a ser sometido a un proceso, a presentar sus pruebas, los cuales no pueden ser evadidos.
- consiste básicamente en el derecho de acceso libre a la jurisdicción, lo que comprende el derecho de toda persona a ser parte de un proceso y poder promover en el marco de la actividad jurisdiccional, cualquier recurso ordinario o extraordinario, que el ordenamiento prevea en cada caso con los requisitos legalmente establecidos, que desemboque en una decisión judicial sobre la pretensiones deducidas por el litigante, por lo tanto se puede deducir que lo anteriormente desarrollado implica en síntesis en el derecho de todo actor o demandante a obtener una resolución o sentencia jurídicamente fundamentada sobre el fondo de lo peticionado.
- Aparte de lo anteriormente señalado, este derecho implica una exigencia de que el fallo judicial al que se haya arribado, sea cumplido, y en consecuencia, el litigante sea repuesto en su derecho, o en su caso compensado.
- La interpretación de las normas legales infra constitucionales, de manera general, es atribución exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios; así, a través de la presente acción tutelar, no es posible que esta labor sea conocida por la jurisdicción constitucional como una instancia de casación adicional o complementaria ante la que pueda solicitarse un nuevo análisis de la interpretación efectuada, salvo que la problemática concreta adquiera relevancia constitucional, cuando se advierta afectación a algún derecho fundamental o garantía constitucional y un evidente desconocimiento de los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria
- …en los casos en que se impugne tal labor como arbitraria, insuficientemente motivada o con error evidente, el estudio, dentro de las acciones de tutela, de la decisión impugnada, a los efectos de comprobar si la argumentación jurídica en la que se funda la misma es razonable desde la perspectiva constitucional -razonamiento que debe ajustarse siempre a una interpretación conforme a la Constitución- o si por el contrario, se muestra incongruente, absurda o ilógica, lesionando con ello derechos fundamentales o garantías constitucionales'”; siendo imprescindible que, la parte accionante que se considera agraviada por dicha interpretación: '…1. Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; y, 2. Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional'
- III.5. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en todo