AUTO CONSTITUCIONAL 0099/2014-RCA

De las normas relacionadas se establece que esta acción ha sido instituida como un proceso constitucional de naturaleza tutelar que tiene como objeto la restitución o restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, con la condicionante que exista ausencia de medios o recursos ordinarios a los cuales la parte agraviante puede ocurrir; consiguientemente, podría condensarse que dicho medio tutelar es: “… una acción tutelar de los derechos y garantías constitucionales de las personas, tiene una configuración procesal especial, autónoma e independiente con relación al ámbito procesal ordinario. Su esencia tutelar hace que esta acción tenga un alcance preventivo y correctivo; en el primer caso, se acciona frente a la amenaza de una inminente restricción o supresión de los derechos fundamentales o garantías constitucionales, situación en la que la persona afectada solicitará al juez o tribunal competente la adopción de las medidas necesarias para preservar o precautelar su derecho fundamental o garantía constitucional, de manera que la autoridad judicial competente disponga la adopción de las medidas necesarias para preservar o precautelar su derecho fundamental o garantía constitucional de manera que la autoridad judicial competente disponga la adopción de las medidas correspondientes para prevenir la consumación del acto resolución ilegal violatorio; en el segundo caso, se acciona frente a la consumación de una restricción o supresión de los derechos y garantías emergente de actos resoluciones y omisiones ilegales o indebidas, caso en el que, el Juez o Tribunal competente otorga la tutela respectiva, disponiendo la anulación del acto o resolución; o la cesación de la omisión a objeto de que se restablezca, de forma inmediata, el derecho restringido o suprimido” (José Antonio Rivera Santivañez, Jurisdicción Constitucional, pág. 377).

De lo anotado se puede concluir que este mecanismo de naturaleza autónoma con relación a las demás acciones que consigna la Norma Suprema está revestido de la característica de subsidiariedad e inmediatez, respecto a la primera, la jurisprudencia constitucional establecida en la SC 0374/2002-R de 2 de abril, ha definido que:         “…debe ser entendida como el agotamiento de todas las instancias dentro del proceso o vía judicial, sea administrativa o judicial donde se acusa la vulneración, dado que donde se deben reparar los derechos fundamentales lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde han sido conculcados y cuando esto no ocurre queda abierta la protección que brinda el amparo constitucional”.